Denuncia es por los presuntos delitos de fraude de ley y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público tramita una denuncia en contra de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel; así como contra el gerente general de la entidad, Luis Fernando Monge Salas, por los presuntos delitos de fraude de ley y malversación de fondos públicos.

Según reveló el periódico La Nación esta tarde la denuncia fue presentada por Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, ambos nombrados en 2022 por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles como directivos de la empresa estatal, y se tramita bajo el expediente 23-000067-1218-PE.

La denuncia versa sobre una serie de reportajes publicados por el diario tibaseño que dieron cuenta de que la junta directiva del INS había discutido y aprobado de forma confidencial un aumento salarial para los trabajadores de la institución.

La publicación de esa noticia causó que en una sesión posterior se levantaran cuestionamientos sobre cuál miembro había filtrado a La Nación el acta, por lo que se acordó revisar las computadoras de los directivos mediante un contrato con la empresa GBM Costa Rica, la cual da servicios de soporte en la nube para el INS y mediante el cual la entidad estatal paga 38 dólares la hora de servicio de los especialistas.

La revisión de las computadoras tomó 76 horas, por lo que el INS pagó casi 3.000 dólares (cerca de 1.7 millones de colones), para que posteriormente los directivos constataran que había sido la propia presidenta ejecutiva de la entidad la que había dado la información a La Nación durante una entrevista.

Por el aparente uso del contrato con GBM para fines distintos a los contratados y por la adopción de un acuerdo bajo motivos erróneos, los directivos presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, en virtud del artículo 281 del Código Procesal Penal relativo al deber de denunciar.

Según diversas publicaciones de La Nación, tanto Carvajal como Elizondo fueron los únicos directivos que votaron en contra del aumento salarial al carecer de análisis técnicos y financieros que lo justificaran. Además, pese a haber sido nombrados por la actual administración, no han sido recibidos por el Consejo de Gobierno pese a solicitudes de audiencia planteadas desde el año anterior para tratar temas de interés sobre la empresa estatal.

La Nación pidió comentarios a Araya y Monge sobre la denuncia presentada en su contra, sin embargo ambos respondieron que desconocían la existencia de la causa.