En el año 2017 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9481, que creó la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica. Sin embargo, a la fecha esa jurisdicción no se encuentra todavía en funcionamiento, y el trámite legislativo que se le dio a los transitorios para postergar su entrada en vigencia ha generado una discusión sobre la validez de la prueba utilizada en los grandes casos de corrupción, y en específico en el trámite de los casos Cochinilla y Diamante.

Los abogados defensores de las empresas cuestionadas por corrupción reclamaron ante el Juzgado Penal de Hacienda una actividad procesal defect...