Los allanamientos se siguen por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia que no cumplían los estándares de calidad y cuyo proceso de compra fue ampliamente cuestionado.

La Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público allanan desde esta mañana diferentes casas de habitación y oficinas relacionadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en medio de una investigación contra la institución y sus proveedores por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas para el personal médico, durante la pandemia de COVID-19.

En total se están realizando 21 allanamientos en los sectores de Escazú, Pavas, Heredia, La Guácima, Santa Ana, Cartago, Barrio Don Bosco, Sabana y San José centro, en una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y falsedad en la recepción de bienes y servicios.

Según agregó el Ministerio Público, las oficinas allanadas pertenecen a la CCSS, al Edificio Océano, al Centro Corporativo Internacional, a IBT S.A y a la Oficina Landergren Consulting Group.

Además, la Fiscalía agregó que se investiga al exgerente general de la Caja, al exgerente de logística, a los directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, a los asesores de las gerencias y a los personeros de la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores, sumados a una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro, ambos externos a la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en agosto del 2020 a raíz de una serie de publicaciones realizadas en medios de comunicación en las cuales indicaban que, al parecer, las mascarillas que estaban siendo entregadas a los funcionarios de los centros médicos encargados de la atención de la pandemia por el SARS-COV-2 no cumplían con los parámetros de calidad que se requerían.

La investigación se centró en tres concursos de compras de respiradores filtrantes de partículas, mascarillas quirúrgicas descartables y mascarilla médica descartable, los cuales en apariencia fueron adjudicados por un monto de más de seis millones de dólares.

De acuerdo con la investigación dirigida por la FAPTA, se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia. Se cree que habrían facilitado dichos procesos para obtener los mencionados respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la CCSS y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica", aseguró el Ministerio Público.

A su vez, la Fiscalía señaló que las empresas involucradas habrían presentado ofertas a la institución de forma extemporánea, "sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel".

Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares".

OIJ y Fiscalía Anticorrupción allanan a la CCSS por investigación sobre compra de mascarillas

Según indicó el actual gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega De la O tras los allanamientos:

Esta mañana hemos tenido la visita de agentes del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía, quienes se encuentran en búsqueda de una serie de información relacionada con compras anteriores, específicamente tres procedimientos de compra que se habían realizado en la administración anterior y que fueron objeto de diferentes procesos de separación de funcionarios y de procesos de investigación administrativa que la institución tiene en curso en este momento. De parte de la institución y de esta gerencia, nosotros estamos aportando todo lo requerido para poder apoyar en las diligencias judiciales pues la institución como un todo es la más interesada en que se llegue a la verdad real de los hechos".

En los sitios allanados se realizará el decomiso de documentación y equipo electrónico y como este es el objetivo, no habrá personas detenidas según el OIJ.

La causa, a su vez, se investiga mediante el expediente 20-027795-0042-PE.