El gobierno actual cada día pone a prueba a nuestras instituciones y, además, no conforme con eso, también pone en entredicho la imagen conservacionista de nuestro país.

El más reciente acto tiene que ver con la pesca de arrastre y los esfuerzos —de sobra inconstitucionales—, por revivirla.

En días pasados la prensa nacional publicó que la Escuela de Biología de la Universidad Nacional (UNA) negó que la preparación del estudio tendiente a revivir la pesca de arrastre en Costa Rica haya sido transparente y participativo con científicos y la academia, como lo aseguró el Gobierno al anunciar que pronto comenzará la investigación en la costa pacífica.

El director de la escuela de la UNA, el doctor Ángel Francisco Herrera, dejó constando en un oficio que remitió al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que se trató de un único encuentro y que solo fue informativo.

El académico señaló que las autoridades no respondieron múltiples cuestionamientos de académicos y científicos acerca de la metodología que se usará.

Don Francisco, en la noticia publicada cita lo siguiente:

La presentación fue unidireccional, se indicó someramente lo que se iba a hacer y no se respondieron muchas de las preguntas realizadas, sobre todo con relación a la gran cantidad de dudas de la metodología usada”.

Lo preocupante es que esta misma versión también coincide con las denuncias realizadas por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

​​Álvaro Morales, director de Cimar, aseguró que las declaraciones del Gobierno le generan inconformidad. El investigador afirmó que participaron en el encuentro “donde se lanzó el proyecto”; no obstante, comentó que solo les estaban informando, casi como una cuestión de mero trámite, sin tomar en cuenta el criterio experto del centro de investigación.

Esto se trata de un intento del Minae por repetir las viejas prácticas del pasado. Repetir un pseudo estudio con criterios amañados, que sirva de motivación para intentar validar prácticas dañinas para los ecosistemas marinos.

Pero lo más lamentable de esta situación es el desgaste al que se somete a las comunidades costeras, jugando irresponsablemente con sus esperanzas.

Lo que necesitan estas comunidades es que el gobierno se ponga a trabajar en crear condiciones para la productividad sostenible, con programas de verdadero impacto, como la maricultura, la aplicación de metodologías para cultivar y el desarrollo de capacidades novedosas de la mano de la política de conservación ambiental, que le vale a nuestro país una reputación envidiable en el mundo, y que este gobierno está dañando con este tipo de actuaciones llenas de opacidad.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, el estudio de pesca de arrastre comenzará a implementarse en el primer trimestre de este 2023 y se extenderá por dos años. Participarán ocho embarcaciones semiindustriales en lugares aleatorios de la costa del Pacífico.

Aunque las autoridades anunciaron que para la investigación se implementaría la “nueva técnica” llamada Doble A Costa Rica en realidad ese fue el mismo mecanismo que se implementó en el cuestionado estudio del 2018, cuyos resultados fueron rechazados por académicos, científicos y ambientalistas, al argumentar falta de rigurosidad científica durante el proceso.

Señor ministro: no podemos —como país— cometer los mismos errores que el pasado y esperar tener unos resultados provechosos o legítimos.

Lo que está en juego no es la reputación del gobierno de turno, sino la imagen del país como defensor y protector del ambiente y los recursos naturales. Los gobiernos van y vienen, pero la reputación del país debe cuidarse con hechos, porque constituye su carta de presentación ante el resto del mundo.

Por lo anterior, insto al señor ministro a dar cuentas y a corregir esta errada ruta, que solo va a llevar a los movimientos sociales y a quienes creemos en el desarrollo sostenible a tener que acudir a la Sala Constitucional, para que ésta tenga que repetir lo que ya le ha dicho a los gobiernos del pasado: no a la pesca de arrastre, por la vulneración y el daño que causa en los ecosistemas marinos y en la vida de los habitantes de las zonas costeras.

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