Si revisamos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), en su cuarta acepción queda claro lo que significa fregar: “Causar daño o perjuicio a alguien”. El señor presidente de la república, en recientes días dijo que “… en Costa Rica se ha utilizado el Poder Judicial para fregar, para poner demandas”. Y es acá, donde me preocupa tremendamente, el sentir de don Rodrigo, ya que existe una idea en torno a la instrumentalización del Poder Judicial. Primero que todo, un Poder de la República no es un instrumento, sino un órgano más dentro del sistema tripartita de un Estado de derecho, pieza angular para el mantenimiento de lo que llamamos democracia. Por cierto, hace poco un estudio global ubicó al país en el lugar 17 a nivel mundial, y el segundo en América Latina, en el campo de las democracias más sólidas, lo cual no son palabras menores, pero claramente hay mucho por mejorar.
Retomando el tema, está claro que fregar por estos lares, significa “molestar” por cualquier medio a otra persona, y conforme al contexto presidencial, se refiere don Rodrigo a las causas penales abiertas en su contra, y a otros miembros del Ejecutivo. Al respecto, el día que me juramentaron como juez, nos dijo don Luis Paulino Mora (q.d.D.g): “… juez que no lo han denunciado no es juez…”. Esas palabras me las grabé en piedra, y hasta el día de hoy, es una realidad que, causa estrés, incomodidad, resquemor, preocupación y hasta miedo, ser objeto de cualquier clase de denuncia, pero, justamente ahí está el quid del asunto, ya que los funcionarios que somos denunciados, debemos tener la resiliencia para continuar ejerciendo el cargo —en la medida de lo posible—, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones y evitando a toda costa que, se afecte el buen servicio público. Y demás, tenemos la posibilidad de ejercer la defensa en cada uno de los procesos, conforme al debido proceso.
Pero, al mismo tiempo, está en la fiscalía, realizar las investigaciones de forma ágil, y convertirse en el filtro adecuado para justipreciar las pruebas y realizar los requerimientos —objetivos— a los jueces encargados de cada uno de los casos. Es decir, ante denuncias maliciosas, llenas de mentiras, e interpuestas con el único ánimo de perjudicar, el sistema debe ser más que rápido, para reaccionar con eficiencia y celeridad, para evitar que el poder judicial se utilice con fines utilitaristas, y fuera del principio de tutela judicial efectiva.
No es posible que, el Poder Judicial permita su instrumentalización, siendo que, son muchos los recursos económicos que implican un proceso penal, y para ello, existen mecanismos para investigar a quienes intentan usar a la justicia para fines inadecuados, y a costa de la tranquilidad ajena. Para esto, se cuentan con tipos penales que castigan a quienes hagan un mal uso de su derecho a denunciar, por ejemplo:
"Artículo 319. - Denuncias y querella calumniosa y calumnia real. Será reprimido con prisión de uno a seis años el que denunciare o acusare ante la autoridad como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que sabe inocente o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales.
Simulación de delito. Artículo 327. -Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo.
Falso testimonio. ARTÍCULO 316.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere cometido en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión.
Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido mediante soborno.
Calumnia. Artículo 147. Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa en que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo”.
Es decir, debe conocer la población que, todo intento de denunciar penalmente, con base en hechos falsos, pruebas inexistentes o espurias, puede ser castigado también. Y es ahí, donde el señor presidente no debe temer, porque el ejercicio de la acción penal debe garantizar que no se instrumentalice al Poder Judicial, con la finalidad de “fregar a los demás”.
Finalmente, podrán los ministros de Estado, y el señor presidente, ejercer su derecho de defensa, por medio del debido proceso (voto 1739- 92 de la Sala IV), y tengo la seguridad de que, encontrarán jueces probos que resolverán conforme a derecho. Pero para que ello se preserve a través de los años, y podamos gozar todos de esto, es indispensable que no se “friegue” a los jueces y en general al Poder Judicial, con múltiples acusaciones ante los medios de comunicación, o por medio de conferencias de prensa —a mitad de semana—, ya que ello sí que puede afectar la institucionalidad del país. La independencia judicial es, pilar sobre la que se sostiene la democracia. Ya que en los jueces descansa la jurisdicción, entendida ésta, como la capacidad de resolver conflictos, que es lo que justamente buscan los ciudadanos cuando interponen denuncias de cualquier índole.
Debe entenderse que, es al Ministerio de Seguridad a quien compete la prevención del delito, y que los fiscales y policías judiciales son órganos represivos, y los jueces quienes debemos tomar la última decisión, con base en las pruebas aportadas, ello de forma independiente e imparcial. No es admisible que, se usen temas como la migración o la seguridad ciudadana, para desviar la atención del pueblo, cuando más bien, es al Ejecutivo a quien corresponde tratar dichos temas conforme al marco legal y constitucional. Al respecto, citado por Bauman, indica Albrecht: “La demonización se ha reemplazado por el concepto y la estrategia de “peligrosización”. Por consiguiente, la autoridad política se ha vuelto parcialmente dependiente del otro desviado y de la movilización de sentimientos de seguridad. El poder político, su establecimiento y su preservación dependen, en la actualidad, de temas de campaña cuidadosamente seleccionados, entre los cuales despunta la seguridad (y los sentimientos de inseguridad)” (Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Editorial PAIDÓS, Barcelona, 2013, pág. 77).
Por consiguiente, espero que se manifiesta un clima de educación ciudadana, en donde desde niños se enseñe que las denuncias implican un derecho sí, pero una gran obligación al mismo tiempo. Y del mismo modo que, se respete la independencia del Poder Judicial para el bien de todos los habitantes del país.
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