El periodo 2020-2022 fue el más crítico en cuanto a la asignación de recursos para financiar programas de vivienda. Según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en esos años el Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi), sufrió recortes que ascienden a los 58.837 millones de colones, lo que se tradujo en 5.696 viviendas menos, 22.783 personas sin una solución de vivienda, 242.072 m² dejados de construir y, colateralmente, no se lograron generar al menos 21.787 oportunidades de empleo en el sector construcción.

A pesar de la contundencia de estas cifras, a la Administración Chaves Robles poco parece importarle el sector vivienda, y no da muestras de buena voluntad para que cientos de familias puedan mejorar su actual vivienda o, bien, aspirar a una casa mediante un bono.

Cuando esta Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto Ordinario 2023, rebajó un poco más de 183.000 millones de colones correspondientes a la partida de intereses, con el propósito de destinarlo a diferentes programas sociales.

De dicho monto, 11.426 millones de colones, se incrementaron en el Ministerio de Trabajo para fortalecer programas como Pronae, Empleate, Conapdis, y se dispuso además un monto de 10.000 millones de colones adicionales, precisamente para el Fondo de Vivienda, los cuales deben girarse a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), según la Ley N° 7052.

No obstante, el Ministerio de Hacienda se niega a girar esos fondos pese al mandato de la ley de presupuesto. En efecto, mediante oficio DGPN-SD-0064-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, se comunicó al entonces jerarca de Trabajo que los 11.426 millones de colones, se mantendrían sin ejecutar, ya que primero debían evaluar el comportamiento del gasto por intereses, las condiciones económicas para este año, los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el cumplimiento de la regla fiscal.

Esos argumentos no son de recibo. Principalmente cuando el Gobierno afirmó en el pasado que la aprobación de los Eurobonos se iba a experimentar un importante ahorro en el pago de los intereses de la deuda. Además, que existía una probable sobreestimación en la partida de intereses para 2023.

Olvida el Ministerio de Hacienda que los recursos rebajados de la partida de intereses no representan un aumento en el gasto total, ni afectan el cumplimiento de los límites establecidos por la regla fiscal para el 2023, ya que solo implica un cambio en el uso de los recursos.

Olvida igualmente el Ministerio de Hacienda, que los recursos girados a través del Fodesaf no están sujetos a la regla fiscal, toda vez que, mediante Ley N° 10.234, se dispuso que la presupuestación y ejecución de los recursos de Fodesaf quedan excluidos del ámbito de cobertura de la Ley N° 9635, aspecto que incluso fue ratificado por la Procuraduría General de la República, en el Dictamen PGR-C-150-2022, con fecha del 20 de julio de 2022.

Olvida este Gobierno que los fondos para proyectos de vivienda son transversales; es decir, que tienen impacto en el ámbito humano, social y económico, ya que se destinan al cumplimiento de derechos fundamentales, especialmente de poblaciones vulnerables, en riesgo social y en condición de pobreza y pobreza extrema, en concordancia con los artículos 50 y 65 de nuestra Constitución Política.

Asimismo, la decisión de no ejecutar estos recursos, no solo irrespeta la voluntad del legislador, sino que además afecta la programación presupuestaria del Banhvi que se realizó considerando esos 10.000 millones de colones adicionales. Además, de representar un desincentivo para el sector construcción como potenciador económico, generador de empleo y de encadenamientos productivos; lo más sensible y relevante, es que incide negativamente en los indicadores de colocación de bonos ordinarios de vivienda y los bonos para reparación y mejora de vivienda, afectando de esta manera aproximadamente a 900 familias que no tendrán un techo digno que les cubra.

Los recursos para financiar proyectos de vivienda deben permanecer, fortalecerse y cumplir su propósito esencial. Esto ha permito que, a lo largo de los últimos 35 años, más de 400.000 hogares costarricenses hayan visto cumplido su sueño de contar con una casa propia. En otros términos, ello significa que una de cada cuatro viviendas en el país se haya construido gracias a programas como el Fosuvi, que están dejando literalmente sin financiamiento.

Por último y en relación con este mismo tópico, quiero advertir que la negativa del Ministerio de Hacienda genera dudas respecto a la efectiva ejecución del resto de los recursos que están destinados para, entre otras cosas, financiar a las asociaciones de desarrollo (10.000 millones de colones), infraestructura vial cantonal (9.802 millones de colones), regímenes de salud y enfermedad de la CCSS (26.178 millones de colones), así como al Poder Judicial, particularmente a la nueva jurisdicción de crimen organizado (por 6.393 millones de colones), ya que todos estos fondos también provienen de la partida de intereses.

Señores del Ministerio de Hacienda, el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico que juraron defender, es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia; más en momentos en que las y los costarricenses exigen prontas respuestas a las problemáticas que les aquejan. 

Seguiremos señalando todas estas irregularidades, ajenas al Estado Social Democrático de Derecho Costarricense.

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