La Comisión de Nombramientos publicó los atestados presentados por las siete personas que se postularon al cargo en la Sala I.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa dio a conocer esta semana los nombres de las siete personas que se postularon para llenar un puesto en la Sala I de la Corte Suprema de Justicia (expediente 23.297). Este viernes la Asamblea Legislativa publicó los atestados presentados por cada candidatura para el concurso.
Tras la publicación de los nombres de las personas postulantes en el Diario Oficial La Gaceta, la Comisión de Nombramientos abrirá un periodo de cinco días para que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan enviar sus comentarios u objeciones a las candidaturas presentadas, y posteriormente realizará el proceso de entrevistas.
Calificación de los atestados
Según la metodología aprobada para este concurso la puntuación de los atestados corresponden al 45% de la nota final y la entrevista a un 55%. Para este caso no se definió una nota mínima a los atestados para que las personas postulantes puedan llegar al proceso de entrevistas, por lo que todas las personas postulantes deberán ser entrevistadas por la comisión.
Los atestados de casa postulante fueron calificados de la siguiente manera:
Grados, títulos y estudios académicos máximo 30 puntos otorgados de la siguiente manera (se asigna el puntaje al grado más alto):
- Licenciatura 15 puntos.
- Maestría 25 puntos.
- Doctorado 30 puntos.
Capacitaciones y actualización atinente, máximo 13 puntos asignados de la siguiente manera:
- 1 punto por cada curso en los 10 años anteriores, hasta un máximo de 4 puntos.
- 1 punto por participar como expositor, ponente o panelista en certámenes académicos en los 10 años anteriores, hasta un máximo de 3 puntos.
- 2 puntos por cada curso de especialización o de diplomado, hasta un máximo de 6 puntos.
Publicaciones, máximo 7 puntos asignados de la siguiente manera:
- 2 puntos por cada libro e investigación jurídica en una publicación con Consejo Editorial, hasta un máximo de 4 puntos.
- 1 punto por cada artículo en materia jurídica publicado en revistas indexadas o que cuenten con un Consejo Editorial, hasta un máximo de 3 puntos.
Experiencia profesional, hasta un máximo de 50 puntos asignados de la siguiente manera:
- Para personal del Poder Judicial: 3 puntos por año ejercido como magistrado suplente, juez, fiscal o defensor público.
- Para profesionales privados: 3 puntos por año de ejercicio.
Además, se da 1 punto por cada año de docencia universitaria (hasta un máximo de 6 puntos) y por cada curso o taller impartido atinente a la materia de la Sala I (hasta un máximo de 4 puntos).
La comisión acordó en la metodología que la recomendación al Plenario sea de los dos hombres y dos mujeres con mayor puntuación, por lo que al haber, únicamente, dos mujeres postulantes, ambas estarían quedando automáticamente en la terna que pasará al Plenario Legislativo.
Conozca los atestados que presentó cada persona para el concurso
Alexandra Alvarado Paniagua
Graduada de Derecho en la UCR, y se encuentra cursando un doctorado Derecho Administrativo, Hacienda y Justicia, de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente se desempeña como Jueza Decisora del Tribunal de apelaciones Agrario, en el II Circuito Judicial de San José. Además, es magistrada suplente de la Sala Constitucional hasta el 2025.
Carlos Chaverrí Negrini
Graduado de Derecho en la UCR, trabaja en el Bufete González Chaverrí y Asociados.
Carlos Humberto Góngora Fuentes
Graduado en Derecho de la U.I.A, máster en Derecho Constitucional y cuenta con un doctorado en Derecho de la UNED. Actualmente trabaja como juez en el Tribunal Contencioso Administrativo. Fue diputado de la República por el Movimiento Libertario en el periodo 2010-2014, y alcalde de Cartago del 2002 al 2007.
Jessica Jiménez Morales
Graduada en Derecho de la Escuela Libre, cuenta con un doctorado en de Derecho de esa misma institución. Actualmente es magistrada suplente en la Sala I y ocupa la vacante que quedó tras el fallecimiento del Román Solís Zelaya, hasta que se realice el nombramiento.
Jorge Leiva Poveda
Graduado en Derecho de la UCR, cuenta con una maestría en Protección de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá en España, y un doctorado en Derecho Público de la Escuela Libre. Actualmente se desempeña como juez coordinador de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo.
Luis Diego Ramírez González
Graduado en Derecho de la Universidad Federada de Costa Rica, y es egresado del doctorado en Derecho Administrativo de la Escuela Libre. Actualmente se desempeña como Gerente de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
German Serrano García
Graduado en Derecho de la UCR, y se encuentra cursando una maestría en Derecho Corporativo de Lead University. Actualmente trabaja como abogado independiente y es magistrado suplente de la Sala I hasta abril del 2024.
Responsabilidades de la Sala I
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala I es la encargada de conocer:
- Los recursos de casación y revisión que procedan, conforme a la ley, en los procesos ordinarios, en las materias civil y comercial, con salvedad de los asuntos referentes al derecho de familia y a procesos universales.
- El recurso extraordinario de casación en materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda, cuando intervenga alguno de los siguientes órganos y no sean competencia del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda:El presidente de la República; el Consejo de Gobierno; el Poder Ejecutivo, entendido como el presidente de la República y el respectivo ministro del ramo; los ministerios y sus órganos desconcentrados; la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, cuando ejerzan función administrativa; las instituciones descentralizadas, incluso las de carácter municipal y sus órganos desconcentrados; así como los órganos con personería instrumental.
- Los recursos de casación en los procesos en que se discutan la validez y eficacia de los reglamentos, así como lo relativo a la materia tributaria y al recurso de casación, en interés del ordenamiento jurídico establecido en el Código Procesal Administrativo.
- Los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda.
- La tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.
- El auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia civil y comercial, con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte
- Los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales civiles o entre estos y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto.
- Los conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, con cualquier otro de materia diversa.
- La inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia.
- Las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la jurisdicción de tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios universales y en asuntos de familia y Derecho laboral.
- Los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y administrativas.
