Dos diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático lanzaron este martes insinuaciones en contra del Poder Judicial, luego de que el anuncio del Ministerio de Hacienda de un "megacaso de evasión fiscal" terminara en críticas al Gobierno por publicitar un caso que ya había sido investigado y desestimado por la Fiscalía. 

Pilar Cisneros Gallo, jefa del PPSD, usó el espacio dirigido a la bancada oficialista en el debate reglado para hablar de la "pifia comunicativa" de Hacienda de la semana pasada para señalar que un juez no ha tomado la decisión todavía de acoger la solicitud de desestimación planteada por la Fiscalía y que ahora el Ministerio Público "tendrá que explicar, dar a conocer y comunicar a Hacienda las causas y motivos por los cuales pide la desestimación".

De seguido, Cisneros lanzó una serie de insinuaciones en contra de la labor del Poder Judicial, específicamente del Ministerio Público, por la solicitud de desestimación del caso.

En primer término cuestionó de forma sarcástica si la Fiscalía hizo entrevistas a los funcionarios de Hacienda y si pidió pruebas a Panamá, donde habrían ocurrido parte de los hechos denunciados. De seguido cuestionó el hecho de que Hacienda envió el caso al Ministerio Público el 10 de octubre del año pasado (pese a que se anunció en conferencia de prensa hasta enero de 2023) y la solicitud de desestimación se formuló 84 días naturales después, o su equivalente a 55 días hábiles.

Los felicito de corazón. Los felicito por su eficacia y eficiencia. Ojalá hubiera sido así de antes con otros casos como la trocha, que apenas va a llegar a juicio 11 años después. ¿Cuánto tardarán me pregunto con el diamantazo, con el cementazo y con el montón de cochinilla que están pendientes? Si actuaran así siempre es muy poco probable que la mora judicial, los casos pendientes de resolución en la Corte, esa justicia lenta e incumplida, no ronde como ahora 1.400.000 expedientes.

De seguido, Cisneros atacó a la fiscala que solicitó la desestimación del caso, Criss González Ugalde, señalando de forma sarcástica que la funcionaria asistió en su tiempo de "vacaciones" a firmar la solicitud de desestimación del caso.

Hoy tengo que aprovechar para felicitar muy efusivamente a la fiscal a cargo del caso, Criss González, por sacrificarse tanto por este país, por presentarse en su oficina de la Corte de Justicia un 2 de enero, cuando la Corte entera estaba cerrada por vacaciones. Hay que agradecerle porque ella diligentemente llegó a estudiar el expediente y a solicitar que se desestimara el caso en lugar de disfrutar su merecido descanso, ¡es que no hay derecho de verdad, la fiscala merece su descanso! ¿verdad? Y además, el 9 de enero tempranito cuando reabrieron el Poder Judicial, lo primero que hicieron fue comunicar al Ministerio de Hacienda la desestimación.

La jefa del oficialismo omitió indicar que González Ugalde es funcionaria de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios que, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial adoptado desde el 25 de agosto de 2022, era solo una de las 53 fiscalías auxiliares del Ministerio Público que estaban obligadas a abrir durante el cierre colectivo de fin de año 2022, inicio de 2023 y próximamente durante la Semana Santa 2023, de modo que no era cierto que "la Corte entera" estaba "cerrada por vacaciones" y que González llegó en tiempo de vacaciones a pedir desestimar el caso.

Cisneros también cuestionó que aunque Hacienda nunca mencionó expresamente al Banco BCT o a Leonel Baruch en su conferencia de prensa, el banco publicara un comunicado de prensa señalando que la Fiscalía había pedido desestimar el caso, ya que según ella, la comunicación debió hacérsele a "la víctima", en este caso el Ministerio de Hacienda.

La diputada especuló si Baruch por haber sido ministro de Hacienda entre 1998 y 2001 tenía "ojos y oídos en Hacienda o la Fiscalía", pero agregó que no podía responder esa pregunta.

Cisneros negó que lo hecho por Hacienda sea una "sed de venganza" pero de seguido procedió a cuestionar a la Sala Constitucional por la sentencia que condenó al Gobierno por el cierre intempestivo del Parque Viva, al encontrarlo como una medida dirigida a afectar al periódico La Nación por su línea editorial.

Según la diputada con ese fallo ahora los negocios de las personas ligadas a medios de comunicación son "intocables", pese a que el Tribunal Constitucional dedicó una sección completa del fallo a explicarle al Gobierno que lo dicho en la sentencia "no impide que se pueda continuar fiscalizando el ejercicio de emprendimientos comerciales, estén o no relacionados con medios de comunicación. Las potestades de control, supervisión y verificación del cumplimiento de los requisitos y permisos para el funcionamiento de estos establecimientos, se debe seguir haciendo, pero ajustándose al marco jurídico ya establecido, y no de la manera atropellada, arbitraria e intempestiva en que se llevó a cabo recientemente en el caso valorado en este proceso".

El también oficialista Daniel Vargas Quirós se unió al lanzamiento de suspicacias contra el Ministerio Público al calificar de "sospechosa" la solicitud de desestimación y procedió a hablar de impunidad y "corrupción en la administración de la Justicia". 

El congresista pidió al Poder Judicial poner "toda su atención" al expediente porque "los costarricenses se lo piden" y porque "el pueblo no quiere más corrupción". Inclusive llegó a pedir que se usen "especialistas, contables y financieros" así como "fiscales íntegros y transparentes que den seguridad jurídica a nuestros ciudadanos".

Del lado de la oposición, la condena a los actos del Ministerio de Hacienda fue unánime. Podrá leer de ellas en la edición de mañana de Barra de Prensa, exclusiva para suscriptores de Delfino+.