Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde diputaciones oficialistas y de oposición cierran filas para proteger los intereses económicos de un sector empresarial en particular en detrimento de la mayoría de la población. A esta conclusión se llega luego de un análisis básico al juego político-económico que se viene desarrollando en la Asamblea Legislativa alrededor del proyecto 22.530.

Los servicios públicos tienen como finalidad satisfacer el interés público: así lo determina la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y las leyes que regulan el servicio transporte remunerado de personas en modalidad autobuses. Los intereses privados, en ninguna circunstancia, pueden estar por encima de los intereses públicos. Al menos no en una democracia republicana y fundada en un Estado Social y Democrático de Derecho, como la costarricense. De lo contrario, no estaríamos más que frente a un régimen con rasgos oligárquicos, autoritarios y aristocráticos, que promueve el enriquecimiento de pequeños sectores a costa del bolsillo, y en este caso, de la vida y la salud de toda la población.

Si bien, deben establecer tarifas y modelos económicos justos para el otorgamiento de servicios, ello no debe ir en detrimento de la población, usuaria y mantenedora del servicio de transporte público. Las personas diputadas, lejos de sus intereses particulares, deben atender a la población que les puso en ese lugar de privilegio y toma decisión —y paga sus dietas—, respondiendo mediante la emisión de la mejor legislación posible para la satisfacción de sus intereses.

También debe quedar claro que las concesiones no son de propiedad de los autobuseros, sino del Estado que, como administrador de los intereses públicos, las otorga a un privado para que brinde el servicio público. Este es un concepto que algunas diputaciones están olvidando, al defender los intereses económicos del sector autobusero.

Costa Rica, como un país de renta media, que aspira a convertirse en un país desarrollado en el mediano plazo, no puede dejar pasar oportunidades como estas, y lanzar una señal fuerte y potente, no sólo hacia el sector privado, sino hacia su población y al Concierto de las Naciones, dejando en claro que queremos desarrollo en condiciones de igualdad y equidad, y no una promoción de la desigualdad y el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría. En buena hora que hay un grupo de diputaciones que ya han tomado conciencia, o bien, la tuvieron desde el inicio de la discusión de la iniciativa de ley, y han planteado no sólo una oposición, sino una serie de propuestas justas que no vengan a lastimar la economía ni a poner en peligro la salud y la vida de la población usuaria de transporte público, y que apoye a las empresas que, por causas reales, no ha podido enfrentar el cambio de la flotilla que, por ley, deben realizar como una condición básica para prestar el servicio público. Asimismo, algunas autobuseras se oponen al proyecto, porque son conscientes del peligro que significa para la población y para la misma empresa, pues saben que son responsables por lo que suceda a la persona usuaria y a la población por fallas a causa de sus unidades y personal.

Este proyecto no solo caerá porque algunos sectores particulares, como el de las personas con discapacidad, se oponen; adicional a sus evidentes vicios de procedimiento, existimos una gran cantidad de personas de otros sectores que no concordamos con él, pues el pésimo estado de la mayoría de los autobuses es notorio. Bajo esa tesitura, las diputaciones deberán limpiar sus oídos (y su saco de intereses) para escuchar al pueblo y votar conforme.

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