La denuncia se interpuso contra el ministro y la viceministra de Hacienda, así como contra el director de Tributación.

Leonel Baruch Goldberg, presidente de la Corporación BCT y de la junta directiva del diario digital CRHoy.com anunció este miércoles la presentación de una denuncia penal en contra de tres jerarcas del Ministerio de Hacienda por los delitos de abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.

En un comunicado de prensa enviado esta mañana, Baruch Goldberg dijo que se vio obligado a entablar el proceso tras los hechos ocurridos el pasado 19 de enero cuando el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos difundieron información falsa en una conferencia de prensa, señalando la existencia de una causa penal por defraudación fiscal contra él y ocultando a los medios de comunicación que dicha causa había sido desestimada por parte del Ministerio Público, algo que era de conocimiento de Hacienda desde hacía 10 días.

"No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos", señaló Baruch.

Los denunciados son el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; el director de Tributación, Mario Ramos; y la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora.

El delito de abuso de autoridad, definido como el cometido por un funcionario público que abusando de su cago ordena o comete actos arbitrarios en perjuicio de los derechos de alguien, es castigado con cárcel de 3 meses a 2 años.  El delito de difusión de información falsa se castiga con tres a seis años de cárcel cuando alguien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propaga o difunde noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios.

Finalmente, el delito de suplantación de páginas electrónicas se castiga con cárcel de 1 a 3 años cuando, en perjuicio de un tercero, alguien suplanta sitios legítimos de Internet. La pena es de tres a seis años de prisión cuando, como consecuencia de la suplantación del sitio legítimo  y mediante engaño o haciendo incurrir en error, se captura información confidencial de una persona física o jurídica para beneficio propio o de un tercero.

El reconocido empresario, que además fue ministro de Hacienda de 1998 a 2001, dijo que la denuncia que presentó da muestra de cómo en pocas horas los jerarcas de Hacienda destruyeron la credibilidad de la Dirección General de Tributación, un ente técnico que depende de dicha credibilidad para ser efectiva.

Años de buen trabajo técnico basado en la objetividad fue tirado al canasto por su propio director. Flaco favor le hizo el señor Ramos, tanto a la ciudadanía como a los cientos de profesionales que trabajan con integridad en esa institución tan relevante, debilitando así la verdadera lucha contra la evasión fiscal. Instrumentalizar la Tributación para destruir adversarios políticos es sin duda un acto criminal, más propio de países como Nicaragua y Venezuela, pero jamás vistos en Costa Rica.

Baruch agregó que hacer uso de los recursos del Estado para convocar y realizar una conferencia cuyo único objetivo era desinformar, constituye una falta al deber de probidad y que no es de recibo que las autoridades llamadas a mejorar las condiciones de la población utilizaran su tiempo en cosas como esa, en lugar de promulgar y ejecutar las políticas públicas que necesita Costa Rica.

En el comunicado el empresario alega que Costa Rica fue testigo de un intento por afectar reputacionalmente al Banco BCT.

Se utilizó el poder para amedrentar y atacar, una vez más, veladamente, la libertad de prensa, sin importar el peligro para quienes directa e indirectamente dependen como inversionistas, ahorrantes, proveedores y clientes poniendo en riesgo múltiples actividades económicas, afectadas ya de por sí por la difícil situación económica. Se puso en peligro el empleo y la estabilidad de hogares y personas. La gravedad de todo ello es que además despierta serias dudas sobre la seguridad jurídica, condición indispensable en las economías exitosas.

Baruch agregó que es "inhumano que se utilice la representación otorgada para venganzas personales, estrategias para acallar a la prensa, disuadir la transparencia y la rendición de cuentas".

Agregó que la democracia es incompatible con los abusos de poder y que la empresa privada no puede surgir y ser el deseado motor de desarrollo, si desde el poder político se arremete contra su libre ejercicio en apego a la ley y se busca desinformar a la opinión pública.

Ya de por sí el entorno económico actual es difícil. La necia insistencia en forzar a la polarización entre la ciudadanía lleva consigo solo pérdidas para el país; nadie gana. Ayer fueron unos, hoy fuimos otros, mañana será cualquiera que siquiera intente disentir. Eso no puede repetirse, debe detenerse, no lo puede sufrir nadie más.

Baruch dijo que estos hechos criminales deben llamar la atención de la necesidad de actuar con mayor ahínco en sacar al país adelante, desde la trinchera del ciudadano en la defensa de la libertad, la justicia, la libertad de expresión y de prensa, así como por un ambiente propicio para el desarrollo económico, la generación de empleo, una mejor distribución de la riqueza, el combate contra la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el ambiente y los Derechos Humanos.

Ese deberá seguir siendo el norte de nuestra democracia y quienes en ella creemos. Costa Rica debe volver a ser ejemplo para el mundo de práctica democrática y respeto a los derechos individuales dentro de una sociedad más inclusiva y menos desigual.