Hechos investigados en Costa Rica no eran delito en Panamá, por lo que no pudo solicitar ayuda internacional.

La fiscala adjunta de delitos económicos y tributarios, Criss González Ugalde, salió al paso de las acusaciones e insinuaciones hechas en su contra tras haber pedido desestimar el "megacaso de fraude fiscal" en el que figura como denunciado Leonel Baruch Goldberg, presidente de la Corporación Banco BCT y de la junta directiva del diario digital CRHoy.com.

A través de un comunicado de prensa enviado la tarde-noche de este miércoles, González se defendió de los señalamientos de que asistió en tiempo de sus vacaciones a pedir la desestimatoria de la causa, iniciada por una "denuncia anónima" trasladada por el Ministerio de Hacienda el año pasado.

Tal y como informó Delfino.cr el día de ayer, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial adoptado desde el 25 de agosto de 2022, era solo una de las 53 fiscalías auxiliares del Ministerio Público que estaban obligadas a abrir durante el cierre colectivo de fin de año 2022, inicio de 2023 y próximamente durante la Semana Santa 2023.

González confirmó que ella fue designada desde el 6 de diciembre de 2022 como la fiscala que laboraría en el despacho del 2 al 6 de enero del 2023; en relevo a la persona que cubriría del 26 al 30 de diciembre.

"Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE", detalló la fiscala.

Dicho expediente contenía la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda que relataba una denuncia anónima, advirtiendo, por parte del Ministerio, que los hechos, desde su perspectiva, se encontraban prescritos a nivel administrativo y que se realizaba la remisión de la denuncia como noticia criminis, de hechos que datan del período 2008 a 2015.

La fiscala dijo que producto del análisis de los elementos de prueba que se aportaron dentro de la denuncia que dio origen a dicha causa, se remitió por parte de la Fiscalía una solicitud de peritaje ante la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, la cual respondió mediante el informe 222-SADEF-NR-454-22 del 21 de octubre 2022 que, para realizar la pericia contable requerida, se necesitaba el “trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.

González confirmó que ella hizo la consulta a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, la cual informó vía correo electrónico que ante consulta realizada a su homólogo en Panamá, los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante la Ley 70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal.

Lo anterior significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada.

González señaló que a la fecha la solicitud de desestimación planteada debe ser analizada por el Juzgado Penal y que, de acogerse, la misma no implicaría un cierre definitivo del caso ya que dicho requerimiento permite su eventual apertura en caso de obtenerse nuevos elementos para la investigación.

Asimismo la fiscala se refirió a las insinuaciones hechas durante la conferencia de prensa de este miércoles en la Casa Presidencial respecto a haber sido funcionaria del Ministerio de Hacienda cuando dicha cartera era presidida por Baruch.

"Laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio.

Posteriormente, para enero del año 2000, solicité un permiso sin goce de salario en esa institución y estuve fuera de dicho ministerio en los años 2000 y 2001, por haber obtenido una beca de cooperación triangular que gestioné personalmente y me fue otorgada de manera directa por los gobiernos de Chile y Estados Unidos para estudiar una maestría en derecho empresarial. Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él", concluyó.