El salario base que se utilizará durante el año 2023 para calcular el monto de las multas y penas por algunos delitos será de ¢462.200, según acordó el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión número 110 del pasado 15 de diciembre. El monto es igual al que rige desde el año 2021 y tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

El monto de ese salario corresponde al salario base mensual de un Oficinista 1 del Poder Judicial, según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. Debido a que la relación deuda/PIB del país se encuentra por encima del 60%, no están permitidos los aumentos a la base de los salarios mientras perdure ese escenario, lo que explica que el monto vuelva a estar invariable por segundo año consecutivo.

El salario base de ese puesto en el Poder Judicial es empleado como parámetro para establecer castigos citados en el Código Penal y el Código de Trabajo; así como leyes de aranceles del Registro Público; el Impuesto a las Personas Jurídicas, el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles y otros sober propiedad en condominio, pensiones alimenticias, derechos de propiedad intelectual, patrimonio histórico, concesiones, etc.

El salario base en cuestión se usa, por ejemplo, para establecer multas en los casos de hurto agravado, robo simple, estafa, omisión de auxilio, e incumplimiento del deber alimentario. Mientras tanto, en el Código de Trabajo se emplea para las multas contra patronos que violenten derechos laborales básicos como lo es el pago de aguinaldos.