El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, firmaron este miércoles la ley aprobada por unanimidad este mes por el Congreso para dar seguridad jurídica e incentivar a los inversionistas internacionales a adquirir títulos de deuda interna de Costa Rica.

Se trata del expediente 22.893 "Promoción y Apertura del Mercado de Deuda Pública Interna Costarricense", proyecto presentado durante la administración Alvarado Quesada, y que formó parte del acuerdo que permitió al Poder Ejecutivo ver aprobado en segundo debate su proyecto para ir al mercado internacional a colocar eurobonos, semanas atrás.

La ley pretende remover obstáculos para incentivar una mayor participación de inversionistas extranjeros (no domiciliados en el país) en el proceso de colocación de bonos de la deuda interna costarricense, lo cual permitirá aliviar la presión sobre el mercado nacional, con sus efectos derivados de tender a la baja las tasas de interés y favorecer la producción y la reactivación económica.

Para lograr ese objetivo, la ley deroga la doble imposición tributaria existente actualmente, quitando el cobro del impuesto de remesas al exterior sobre los rendimientos de bonos del gobierno, de modo que solo paguen el impuesto al 15% por rentas de capital inmobiliario.

Además, se habilita al Ministerio de Hacienda, cuando lo estime necesario, a usar medios internacionales de pago para materializar la liquidación transfronteriza de las operaciones, y a las entidades de custodia locales a ofrecer los servicios de subcustodia a entidades de custodia domiciliadas en el extranjero.

Finalmente, modifica el artículo 89 de la Ley de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, para definir el concepto de deuda pública interna, que es aquella deuda emitida y registrada dentro del país, en cualquier moneda, que se rige por las leyes nacionales y sobre la cual son competentes los tribunales nacionales.

Según datos aportados por el Gobierno de Alvarado, que constan en la exposición de motivos del proyecto, la participación de inversionistas no residentes ha sido baja y nunca ha superado más allá del 6%. En los últimos dos años se ha reducido: a junio de 2021 el monto de la deuda interna en posesión de inversionistas no residentes era de ¢461.128 millones, lo cual representa un 2% del monto de la deuda interna en circulación.