Los centros educativos tienen un rol fundamental en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, al ser espacios de protección que promueven el desarrollo integral (MEP, 2016), fortaleciendo habilidades para la vida, atributos sociales y emocionales que fungen como factores de protección. Siendo la presencia de estos, un elemento clave para el aumento la resiliencia, por lo tanto, afecta la salud mental.
Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Ministerio de Educación Pública (MEP) optó por impulsar medidas con el fin de resguardar la salud y garantizar la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo, siendo la educación remota la herramienta principal durante la pandemia (Octavo Estado de la Educación, 2021); sin embargo, se debilitó el impacto de los centros educativos en otras áreas que los colocaba como recurso de protección.
Según el Octavo Estado de la Educación (2021), el Apagón Educativo contempla un total de cuatro años de interrupciones en los ciclos lectivos, tanto por la emergencia sanitaria por COVID-19, como por otros factores; encontrándonos ante una crisis educativa, que provoca pérdidas a nivel de aprendizaje, el aumento de la exclusión educativa y la afectación a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, como lo son estudiantes con desventajas socioeconómicas, necesidades especiales, con sobreedad, migrantes, indígenas, entre otros (OCDE, 2020, BID, 2020; Unesco, 2021).
Lo anterior, posee implicaciones a nivel de salud mental, como se manifiesta en el aumento de los porcentajes de ansiedad y depresión, en población adolescente y joven en América Latina desde el año 2020 según la Unicef; lo que representa un reto para aquellas personas y organizaciones que trabajamos con personas adolescentes y jóvenes, percibiendo el aumento de la demanda de atención a situaciones de salud mental, al vivir en un contexto que demanda del desarrollo de competencias con pocos recursos.
Desde +Empleo de la Fundación ALIARSE, a través de los programas Skill 4 Life y Empowering Skills, se busca el desarrollo de habilidades para la mejora del perfil profesional de las personas a través de Alianzas Público-Privadas (APP), impactando a un total de 1225 estudiantes de diversas regiones del país durante el 2022.
Desde nuestra experiencia, los altos niveles de ansiedad ante la incertidumbre generada por situaciones sociales, que antes eran cotidianas, hace que el enfrentarse a diferencias de opiniones, establecer límites, afrontar el temor de ser observado o de exponerse ante los demás, fuera de la protección de una pantalla; así como retomar rutinas horarias que habían desaparecido, sean temas necesarios de escuchar y acompañar, con el fin de minimizar o prevenir un impacto mayor.
Haciéndose evidente, en los procesos de acompañamiento psicosocial ofrecidos por parte de +Empleo, en donde el 46% de la población estudiantil recibe este servicio, principalmente por motivos vinculados a la salud mental.
Trabajamos la salud mental desde dos temporalidades, el presente, considerando a las personas estudiantes como actores del hoy, que enfrentan diferentes adversidades sociales, que pueden desencadenar conductas de riesgo como acciones de violencia, los trastornos de conducta alimentaria o diversas manifestaciones del suicidio, en caso de no tener las habilidades necesarias para la autorregulación emocional.
En segundo lugar, el futuro, ya que todas estas habilidades que se van desarrollando en cada etapa de la vida tienen un impacto en las etapas siguientes, por lo cual el apagón educativo no solo afecta el siguiente año académico, sino también, en el desarrollo de habilidades que se requieren para etapas posteriores, como lo es la empleabilidad.
Esto plantea un reto a nivel de colocación laboral, debido a las diferencias entre los perfiles profesionales solicitados por las empresas aliadas y el desarrollo de habilidades técnicas y habilidades socioemocionales para el trabajo del estudiantado.
Es por esto, que desde los diversos proyectos de +Empleo a través de las Alianzas Público-Privadas (APP), se abre una oportunidad, para que la población estudiantil, con la que se trabaja, pueda fortalecer estas capacidades necesarias para el empleo y la vida. Generando así, nuevos factores de protección, que impacten en los determinantes de la salud mental, por medio de experiencias educativas positivas y el acceso al trabajo decente.