La Contraloría General de la República anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la insistencia de reconocer 20 años de cesantía en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL S.A.), pese a los reiterados pronunciamientos judiciales de que el máximo a pagar son 12 años.
El ente contralor emitió un informe de auditoría especial acerca de la capacidad de gestión financiera de la CNFL en el que destacó que, si bien la empresa pública ha implementado acciones con el fin de superar sus brechas de sostenibilidad financiera, el gasto financiero continúa siendo muy alto en relación al total de gastos de la Compañía; y sus gastos operativos crecieron por el gasto por provisión de prestaciones legales, el cual pasó de 802 millones en 2020 a 8152 millones en 2021, para un crecimiento del 916.46%.
Según la Contraloría, ese aumento se dio porque la CNFL insiste en reconocer a los funcionarios ya pensionados y a los que consolidaron ese derecho, un tope de 20 años de cesantía en lugar de 12 años, sobre la base del artículo 100 de la Convención Colectiva.
"Este aumento en el total de gastos operativos, sumado a la caída de ingresos de la Compañía en un 15% en relación con 2020, ocasionó que se tuviera una pérdida neta en 2021 de ₡12.195 millones", dice la auditoría.
La Contraloría cuestionó que la CNFL no ha accionado para anular el artículo 100 en cuestión, pese a las manifestaciones categóricas de la Sala Constitucional de que el tope de cesantía a reconocer es de 12 años. Aunque esa Sala anuló tiempo atrás otra norma que reconocía un tope mayor a 12 años, el artículo 100 también tiene esa irregularidad, y aunque el Tribunal dijo que de ser así debía presentarse la respectiva acción para anularlo, la Compañía no lo ha hecho.
"Tampoco se ha renegociado la norma convencional, pese a que esta fue denunciada desde hace más de cinco años. Dada la relevancia e impacto del tema la Contraloría General interpondrá la acción judicial correspondiente", agregó la institución.
Según el ente contralor, la circunstancia en la que se encuentra la Compañía le obliga a mantenerse vigilante de sus operaciones, para accionar sobre variables de incidencia en su sostenibilidad financiera, en términos de liquidez, endeudamiento, solvencia y rendimiento, tales como situaciones económicas adversas o cambiantes y otros riesgos del entorno; principalmente considerando que la Compañía ha mantenido pérdidas en cuatro de los últimos cinco años y que por ejemplo, en cuanto a sus indicadores financieros, la capacidad de los ingresos corrientes para la atención del servicio de la deuda (amortización e intereses), desmejoró de 16% en 2020 a 25,1% en 2021.
