El Gobierno retiró el pasado 21 de noviembre el proyecto de ley de la agenda de sesiones extraordinarias.

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) señaló las deficiencias encontradas en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para otorgar subsidios mediante un único pago directo a personas productoras de arroz que hayan sembrado cien hectáreas o menos destinadas al cultivo del arroz (expediente 23.238), y que fue retirado de la agenda de sesiones extraordinarias desde el pasado 21 de noviembre, sin mayor anuncio por parte del Ejecutivo.

Desde Conarroz destacaron que un reciente informe del Departamento de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto “carecía de precisión en cuanto a la cantidad exacta de beneficiarios, el costo total del subsidio y la fuente de financiamiento. Así mismo que, al tratarse de un único pago directo, no se constituía en un programa de estímulos en el cual pudieran medirse resultados en el tiempo, sino que se trataba de una ayuda que se daría sin mayor justificación”.

Adicionalmente, Conarroz destacó que el proyecto presentado por el Ejecutivo también fue criticado por la Contraloría General de la República que manifestó en un reciente informe que:

La propuesta de ley no se fundamenta en estudios técnicos que analicen la problemática real que afecta a los arroceros nacionales, en particular no se refiere a las causas y los efectos de los problemas que acontecen a ese sector. Tampoco, diagnostica con base en datos la cantidad de productores nacionales de arroz afectados y sus condiciones socio económicas, la cuantía de las afectaciones de estos productores y los beneficios que se suscitarán por la implementación del subsidio propuesto, como parte del programa La Ruta del Arroz”.

El documento de la Contraloría también señala que con esta iniciativa de ley se estaría afectando el artículo 176 de la Constitución Política, cuyo contenido se dirige a que la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, y que, la iniciativa podría conllevar a un mayor endeudamiento público.

El director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya Alpízar, señaló en un comunicado de prensa que:

Al gobierno no le quedó otra más que retirar el proyecto, demostrando nuevamente que las medidas que propone para compensar a los arroceros nacionales por los problemas derivados de la Ruta del Arroz son improvisaciones, que están causando graves consecuencias irreparables para un sector en ejercicio que hoy está dejando de generar empleo en zonas rurales”.

Araya agregó que de manera similar ha ocurrido con la medida compensatoria de la compra del arroz por parte del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP a los micro, pequeños y medianos productores, porque aun conociendo que el CNP está limitado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues tiene un techo presupuestario que no puede pasar por la Regla Fiscal y que su capacidad de mercado es limitada.

Araya, volvió a criticar La Ruta del Arroz del gobierno, señalando que tras tres meses desde la promulgación de los decretos que redujeron los aranceles, y que eliminaron la regulación del precio del arroz, respectivamente; el área de siembra nacional se ha reducido casi un 50%, y añadió:

Implementar esas medidas, sin antes tener propuestas viables que dieran alternativas y sostenibilidad al sector, solo dejan una duda sobre la verdadera intención del Ejecutivo, ya que se prometió a los productores dormir tranquilos, pero ha sido todo lo contrario, estamos ante una ruta de eliminación de una actividad clave para Costa Rica, a partir de una propuesta que a todas luces siempre resultó catastrófica para los productores nacionales”.