PUSC afirma que la venta afectaría directamente al diseño institucional del país.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Congreso, la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) comunicó su oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que pretende la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

El PUSC afirmó que, tras la valoración del Expediente N° 23.331 "Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica" quedaron con dudas en relación a la ruta que plantea el gobierno de Rodrigo Chaves para la posible venta de una entidad que impacta directamente en el diseño institucional del país.

De avanzar esta iniciativa, se pone en peligro la situación laboral de miles de funcionarios, la estabilidad económica de instituciones públicas y la posible pérdida de un valioso activo del Estado por un valor menor a la realidad del mercado".

Además, enfatizaron en que no hay certeza de que la venta represente una verdadera solución o avance en la lucha contra el déficit fiscal y la alta deuda pública.

Puntualmente destacaron que el proyecto no cuenta con un estudio técnico apropiado y una metodología adecuada que determine el valor real del banco. Se estima su venta en $1.785 millones, de concretarse la operación, este monto representa menos de un 3% en el pago de intereses de la deuda pública, por tanto, "sería insuficiente para generar una respuesta de alto impacto a la disminución de la deuda".

Los socialcristianos advirtieron que la iniciativa no contempla qué sucederá con los 4.300 funcionarios de la institución, situación que podría graves afectaciones económicas para las familias y aumentaría los índices de desempleo en el país. En caso de despidos, el pago de prestaciones sería aproximadamente de ₡20 mil millones, según resaltaron.

Otro aspecto en el que hicieron foco es que, entre el 2019 y setiembre del 2002, el BCR ha aportado más de ₡123.237 millones a entidades como la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al Ministerio de Hacienda.

El texto del proyecto simplemente no establece qué pasará con esas las cargas parafiscales que el BCR traslada por año como aporte social, lo cual podría provocar el desfinanciamiento de estas instituciones", alertaron. 

También ven con malos ojos que el proyecto convierte al Consejo de Gobierno en accionista de la sociedad anónima, a la que se le trasladará los activos del BCR para su eventual venta. Para el PUSC esto es un órgano político integrado por el Presidente de la República y Ministros, y no está habilitado como un órgano de administración activa, sin que se establezcan esquemas de control y supervisión que generan una alta inseguridad jurídica.

Destacaron que la administración Chaves Roble no preparó a la institución para la venta ni tampoco se tomó en cuenta el contexto actual, donde existe una contracción económica y tasas de interés altas, que implica una disminución en créditos y servicios bancarios.

Asimismo manifestaron que el proyecto no deja claro qué pasará con los 11 servicios de carácter público que ofrece el banco, dentro de los que se incluyen licencias y pasaportes. Los diputados de la fracción también indicaron que el texto de ley no toma en cuenta la participación de autoridades de la Comisión para promover la Competencia, ni de las Superintendencias (Sugef, Sugeval, Sugese y Supen).

La Contraloría General de la República ha sido clara en señalar ausencia de controles legales en las contrataciones para la venta y muchas de las disposiciones planteadas en el texto contravienen el principio de licitación y el control de los procedimientos constitucionalmente resguardados", expresaron en un comunicado enviado a la prensa.

El PUSC ve negativamente que el ejecutivo no especificó qué pasará con la administración de miles de millones de dólares en fideicomisos, que actualmente tiene el BCR en ejecución y desarrollo para la construcción de obra pública, con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial.

Finalmente señalaron que la venta se daría fuera de los principios de contratación pública.

Se contrataría a una persona o empresa para asesorar al Consejo de Gobierno, sin hacer uso de las normas que contempla la Ley de Contratación Administrativa. Además, no existe parámetros para definir el porcentaje de comisión que recibirían por la venta",