El proyecto presentado no definió fuente de financiamiento ni forma en que se daría la retribución económica.

El Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 23.449) que busca dar protección a las personas que denuncian y figuran como testigos en los procesos penales de actos de corrupción, así como dar retribuciones económicas a estas personas.

Según se indicó desde Casa Presidencial al anunciar el proyecto “la iniciativa resalta la importancia de destinar esfuerzos a incentivar la denuncia, con medidas que promuevan su presentación y protejan a las personas denunciantes y testigos que puedan ser de ayuda para esclarecer un caso de corrupción o desmantelar una organización criminal diseñada para cometer delitos de corrupción nacional o transnacional”.

Según señala la exposición de motivos del proyecto "si bien, existe legislación que regula y brinda protección a los denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal, de amenazas o daños a la vida o la integridad física (...) actualmente, no se contemplan medidas ni vías que le permitan a la persona denunciante o testigo obtener protección por represalias laborales, tan posibles, cuando se trata de actos de corrupción que involucran a jefaturas o compañeros de trabajo".

Recompensa económica por denunciar actos de corrupción

El proyecto presentado establece que se otorgará una recompensa económica a favor de las personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional y transnacional, una vez en firme la sentencia judicial del delito denunciado, cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

  1. Se condene por un delito cuya pena de prisión en abstracto sea superior a cuatro años y,
  2. La información brindada por la persona denunciante fuere oportuna e idónea para permitir la identificación plena del delito, del autor o de los presuntos autores y partícipes.

Sin embargo, el proyecto no define los criterios para el pago de la recompensa económica, el procedimiento para su asignación, las fuentes de financiamiento, así como cualquier otra condición necesaria para la implementación del mecanismo, los cuales, se propone, serán definidos vía reglamentaria.

Adicionalmente, el proyecto excluye de la eventual recompensa económica a la persona servidora pública cuando se trate de un delito que conozca en el ejercicio de sus funciones, así como a cualquier eventual víctima en el proceso penal (ya que ya cuenta con el derecho de ejercer la acción civil resarcitoria para obtener la indemnización por los daños y perjuicios del delito de corrupción de que fue víctima) y a los autores y partícipes del delito.