Cuesta de Moras es siempre una caja de sorpresas y, aparte de la agenda ordinaria del Plenario y las comisiones, siempre surgen temas nuevos cada semana que hacen del trabajo legislativo uno que no siempre se puede preveer o planificar.

La tragedia de Cambronero y las eventuales responsabilidades del ministro del MOPT; la conformación de la comisión que investigará las estructuras paralelas de financiamiento del partido de gobierno, PPSD y del PLN o la presión del gobierno para aprobar los eurobonos; fueron algunos de los temas principales que ocuparon la discusión y agenda de los diputados en esta semana que pasó.

Estos temas nuevos e imprevistos significan más trabajo para algunos diputados, como es el caso de Jorge Dengo, quien además de las comisiones de las que ya forma parte, tendrá que representar al Partido Liberal Progresista en la que investigará el financiamiento paralelo de los partidos. Esa comisión será sin duda una que acaparará los focos mediáticos durante las próximas semanas, sobre todo por el tema a investigar en donde tanto el partido de gobierno, Progreso Social Demócrata, como el PLN, tendrán que dar cuentas de manejos nada transparentes en la forma en que se financiaron durante la campaña.

Pero es que además los miembros que la conforman son gallos viejos y de pelea como, Dinorah Barquero y Francisco Nicolás del PLN; experimentados como Vanessa Castro del PUSC; sofistas y expertos en enredar todo como Pilar Cisneros del oficialismo; hasta políticos involucrados en financiamientos paralelos como Fabricio Alvarado, que aún tiene que responder por la campaña del 2018 y las famosas bolsas negras de dinero que supuestamente financiaron la segunda ronda de su campaña.

Serán Jorge Dengo del PLP y Ariel Robles del FA a los que les tocará lidiar con esa jauría de diputados y tratar de conducir esa comisión por algún camino más productivo, que genere verdaderos resultados y que no se convierta, ni en un show, ni en una tapadera de los que tienen tremendo rabo que les majen, que son casi todos los demás.

“Mi interés primordial es que de esa comisión no sólo saquemos enseñanzas que podamos aplicar a través reformas legales para mejorar el control del financiamiento de los partidos, sino también responsables políticos por las malas actuaciones durante la campaña. Pero recordemos que es una investigación parlamentaria donde lo que saldrá son responsabilidades políticas y no judiciales, que para eso están los tribunales” me dijo el diputado Dengo a sabiendas que ya de primera entrada tendrán que pedir una prórroga para el informe que los mismos diputados pusieron para el mes de noviembre y que será materialmente imposible tenerlo para esa fecha.

Pero no todo es control político en la Asamblea cuando se trabaja con un norte claro y con un deseo de incidir a través de las leyes en la vida de los ciudadanos. Por eso esta semana que pasó la diputada liberal Kattia Cambronero, quien lleva a cuestas una larga experiencia de trabajo con PYMES y comunidades costeras, presentó el proyecto de ley 23.358 que busca promover el  desarrollo y construcción de embarcaderos vecinales en las zonas costeras del país.

Y este proyecto no nos dice mucho a quienes vivimos en el Valle Central, pero para los pobladores de las costas tendría un gran impacto, pues comunidades como el distrito de Pitaya del cantón central de Puntarenas, con sus 2755 habitantes, y que para movilizarse a la cabecera del cantón solo tienen un autobús diario que dura casi dos horas; si esta ley se aprobara, podrían construir de forma sencilla y sin los engorrosos trámites que actualmente tienen que cumplir y que hacen imposible su construcción, un pequeño embarcadero que los conectaría en 20 minutos y por vía marítima con el puerto. Su vida sería más sencilla, sus productos podrían salir de forma más rápida para comerciarse en Puntarenas y tendrían mejores oportunidades de trabajo.

El proyecto de la diputada Cambronero tendrá un impacto inmediato en las comunidades más pobres del país, mejoraría la movilidad y el comercio de muy pequeños poblados que viven de la agricultura a pequeña escala y la pesca artesanal y les facilitaría el acceso a servicios médicos, educativos y administrativos a sus pobladores, conectándolos de forma marítima y/o fluvial con otras comunidades cercanas.

Por su parte el despacho del diputado Dengo Rosabal, que se ha dedicado fuertemente a tratar de mejorar el acceso de los trabajadores independientes a la CCSS, así como a unificar el plazo de prescripción de las deudas de las contribuciones sociales para así lograr tener más personas cotizando en la CCSS, la semana pasada presentó el proyecto de ley 23.349 para eliminar lo que se conoce como el enganche médico.

El proyecto derogaría el artículo 12 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas (Ley 6836) que desde el año de 1982 establece que cada vez que se haga un ajuste a algún puesto del Gobierno Central, debe realizarse un aumento equivalente al salario del personal médico, ocasionando un hueco gigante en las nada sanas finanzas de la CCSS cada vez que se hace un aumento salarial a cualesquiera otros trabajadores del gobierno central.

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