A nivel global, ha quedado demostrado que las altas tasas impositivas y las regulaciones prohibitivas, favorecen el contrabando de cigarrillos, actividad que está ligada al crimen organizado y mueve cantidades de dinero similares al narcotráfico, la venta ilegal de armas y la trata de personas.

Nuestro país no es ajeno al impacto del comercio ilícito de cigarrillos, el cual se mantiene en ascenso, pasando de un 36.8% a un 42% del mercado total de cigarrillos del país en el 2020. Además, la pérdida de competitividad del sector legal vs. el comercio ilícito se traduce en una pérdida fiscal acumulada, durante el período 2015-2020, que se estima en alrededor de 230 mil millones de colones. Con este monto, el Estado podría haber construido varios hospitales en todo el país, por ejemplo, o cubierto parte del déficit.

Durante 2020, se incautaron casi 61 millones de unidades de cigarrillos, cifra que aumentó a más de 82 millones durante 2021, de acuerdo con datos de la Policía de Control Fiscal. En lo que llevamos de este año, ya se han decomisado más de 50 millones de cigarrillos de contrabando.

Es por eso que, desde el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, vemos con preocupación el proyecto de ley 22.497, que propone la utilización del empaquetado neutro en los productos de tabaco. Asimismo, nos preocupa la ligereza del análisis de la Red Nacional Antitabaco (RENATA) ante este fenómeno. Dicha organización, por ejemplo, dijo, ante la Comisión de Asuntos Sociales, desconocer cuánto podría aumentar el comercio ilícito con el empaque genérico, pues la medida no se ha implementado. Sin embargo, días después señaló que no tiene efectos.

¿Tiene o no tiene efectos el empaque genérico en el contrabando? Nos parece que la supuesta reducción del consumo de tabaco es más bien un traslado hacia el consumo de producto ilegal, al aumentar la demanda de cigarrillos más baratos producto de la pérdida de valor de las marcas legítimas, pues el precio pasa a ser el único elemento diferenciador y de competencia.

Tal es el caso de Uruguay, país designado como ejemplo por los proponentes del proyecto. Tiempo después de la implementación del empaquetado neutro, el gobierno de Luis Lacalle Pou se vio en la necesidad de dar un paso atrás ante el embate del contrabando de cigarrillos, emitiendo un decreto que permite el uso de cajetilla blanda y el uso de distintivos.

El decreto señala: "Con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización, se entiende necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda e identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables y explicitando su ámbito de aplicación”.

Contextualizando un poco más allá, en Australia, el consumo de cigarrillos ilegales creció más de un 30% entre 2012 (cuando se implementó la cajetilla genérica, sumado a los altos impuestos) y 2017, al pasar del 11,5% al 15%, según datos de KPMG. El consumo de tabaco ilegal provocó en 2017 una pérdida en recaudación de 1.910 millones de dólares australianos al Gobierno, un 15% más que un año antes.

El impacto que la aprobación del empaquetado neutro puede tener sobre el contrabando se suma a las violaciones a los derechos de propiedad intelectual y libre empresa de los propietarios de las marcas afectadas, y constituye una medida extrema, desproporcionada, injustificada e innecesaria, ya que no disuade a las personas a dejar de fumar.

Desde el Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio consideramos que el proyecto 22.497 no debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, pues se abre un portillo más para que los productos ilícitos aumenten, impacten negativamente la seguridad jurídica del país,  los ingresos del fisco y la empleabilidad del país.

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