Los vecinos reclaman afectaciones inmediatas y a largo plazo, como devaluación de propiedades y "fuga" de inquilinos.
Los habitantes de los condominios que están dentro del Macrocondomio Campo Real, también conocido como CONCASA y comunidades colindantes, manifestaron su preocupación esta semana, debido a las afectaciones que se están dando con la aplicación del bloqueo de la señal celular en la zona del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como complejo La Reforma.
Liliana Mejía Botero, vecina del condominio Villa del Campo, comentó como su esposo, que es doctor, no tiene pacientes hace 3 meses, debido a que no se pueden comunicar con él para concertar citas.
Otros vecinos de la zona, que alberga a más de 5 mil personas, comentaron que tampoco pueden comunicarse con bancos para trámites urgente o para cancelaciones de citas de telemedicina con la Caja del Seguro Social. Las personas en modalidad de teletrabajo también han visto afectación en sus labores por esta causa.
Además los vecinos indican que sus propiedades se han devaluado por esta situación y que se han ido "fugando" los inquilinos en las unidades que son arrendadas.
La preocupación, además, se acrecentó con declaraciones del presidente Rodrigo Chaves Robles en su informe de 100 días, cuando aseguró que para enero del 2023 se podría a restringir incluso el acceso a conexiones WiFi, lo que generaría mayores problemas a las zonas cercanas.
El bloqueo de señal celular en centros penitenciarios se dispuso a través de una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, cuyo reglamento fue publicado el 11 de julio de 2019 en el diario oficial La Gaceta.
En la ley 9597 se adicionó en el artículo 49, como parte de las obligaciones de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicación, el inciso 4:
Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.”
Debido a la situación que se viene presentando la diputada liberacionista Dinorah Barquero participó en una reunión con los vecinos de la zona.
Barquero fue funcionaria penitenciaria en la Reforma por 38 años, por lo cual dijo conocer la forma de actuar dentro de las instalaciones penitenciarias y por ello, durante su visita a la zona pidió diálogo en primera instancia pero señaló que "las medidas de presión son necesarias cuando se acaba el diálogo", por lo cual instó a los vecinos a agotar todas las instancias con las compañías de telecomunicación:
Tendré una audiencia con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, Carlos Enrique Alvarado Briceño, ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, para que nos expliquen lo que pasa realmente, asumimos el compromiso de acudir a las instancias competentes, para resolver esta injusta situación”.
En la reunión, sucedida el 10 de setiembre pasado, también asistieron los síndicos por el distrito de San Rafael, Cristina Blanco y Marvín Venegas.
