Las democracias en la región se encuentran en un momento de inestabilidad, incluso en Costa Rica en los últimos años y meses hemos sido testigos del auge de actitudes y discursos cargados de valores autoritarios, excluyentes y violentos contra los mínimos que definen la convivencia pacífica, plural y democrática. Lamentablemente el caso de la Defensoría de los Habitantes no escapa de esta realidad, y es que en los últimos cuatro años Catalina Crespo y su equipo cercano, visibilizado por el funcionario Mario Zamora no han escatimado en acciones orientadas a minar la legitimidad y las capacidades técnicas de la institución.

No lleva culpa el personal, quienes siempre han manifestado su compromiso total con las agendas de los sectores sociales, indígenas, trabajadores (as) agrícolas, mujeres, LBQTIQ+, niñez, migrantes, entre muchos otros.  Pero contrario a un ambiente laboral sano y propositivo, se vive una guerra interna de la Defensora contra su propio personal, al punto de presentar un proyecto de ley (expediente 23.217) que elimina las áreas o direcciones de apoyo técnico a las diferentes poblaciones.

Con estas acciones se viene destruyendo ante la mirada de la población la legitimidad de la institución. Elemento que resulta esencial, pues la Defensoría no es un ente cuyas decisiones sean vinculantes, y por eso radica en la legitimidad en el sistema su éxito o funcionamiento adecuado.

Durante los últimos años presenciamos cómo se debilitan los avances en la defensa de los derechos humanos, contrario a la estabilidad democrática y el pacto social; cambiando la línea constitutiva de la institución por un uso irresponsable, manifiesto incluso en el uso de la imagen institucional como vitrina personal de la Defensora, exaltando un mensaje personalista-caudillista, enfoque de caridad ausente de perspectiva de derechos, una mirada cortoplacista, demagoga e irresponsable.

Y este malestar no es sólo en temas de  derechos y acceso a servicios para la población LBQTIQ+, (recordemos el caso donde la Defensora con apoyo de Mario Zamora le dio la espalda a la población trans y a la población cero positiva escapando de un encuentro por la puerta de atrás), sino también estamos mirando  cómo se irrespeta la memoria histórica, la autodeterminación y las exigencias de los pueblos indígenas, vemos como los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector agrícola no encuentran en la Defensoría un espacio para el resguardo de sus derechos; lo mismo escucharán si hablan con los grupos comunales, ambientales, sectores de la periferia del país y organizaciones de sociedad civil que han sentido y vivido el desinterés de la actual Defensora en atender sus necesidades, con especial énfasis los grupos de mujeres.

Incluso recientemente ante la movida por desarticular los equipos técnicos internos, más de 200 personas y de 65 organizaciones de todo el país manifestaron por medio de una nota su rechazo a este tipo de acciones que no se fundamentan en elementos comprobables, técnicos, medibles que permitan determinar una mejora en el cumplimiento de las responsabilidades, sino por el contrario refuerza el sentimiento de debilitamiento de las capacidades institucionales y el ataque directo a la agenda de derechos de las mujeres.

Sabemos que el 12 de diciembre concluye el periodo de Crespo, pero su mano derecha (Mario Zamora) desea continuar; si se mantiene este estilo, se estará destruyendo a una de las instituciones más importantes para la garantía de la democracia y los derechos humanos, sí, todos los derechos humanos, los suyos y los míos.

A Catalina, en estos pocos meses que le quedan solamente se le puede decir: Ya, no haga más daño por favor.

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