El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reconoció este viernes la veracidad de un audio de más de 20 minutos donde el tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y ahora vicepresidente de la República, Stephan Brunner, le expone una serie de situaciones sobre el manejo de los dineros en la campaña electoral que los terminó llevando a la Casa Presidencial.

En un video suministrado por la Casa Presidencial, Chaves afirmó que el audio "en las últimas horas" se lo "robaron de manera ilegal y francamente bastante misteriosa". Reconoció que el audio ocurrió entre Brunner y él; en el contexto de la campaña electoral.

En el audio, Brunner le comenta a Chaves que uno de los más grandes financistas de la agrupación, Bernal Jiménez Charría, quería que sus contribuciones al partido aparecieran como donaciones, y no como compra de bonos como lo puso el PPSD en un inicio.

El ahora vicepresidente le dijo a Chaves que él no tenía problema con ese cambio, dado que se vería reflejado hasta después de que pasara la segunda ronda electoral. Brunner reconoce en el audio, además, que esa decisión de pasar las contribuciones de Jiménez a compra de bonos, y no a donaciones, se tomó para que él "no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata", y que tenían como excusa para justificarlo posteriormente, que el Banco de Costa Rica (BCR) le había cerrado a transferencias bancarias la cuenta del PPSD destinada a recibir donaciones.

Brunner advirtió a Chaves de que si no se aceptaba la voluntad de Bernal Jiménez, él saldría en prensa denunciando lo sucedido, y que aunque él no veía "problema" en hacer el cambio de concepto de la contribución de Jiménez, Calixto Chaves, brazo financiero de la campaña de Rodrigo Chaves, se oponía rotundamente y le decía "que se vaya para el diablo".

Bernal [Jiménez] quiere que reversemos el dinero que entró para compra de bonos hacia donaciones, porque él quiere que impere su voluntad. En este momento yo no tengo ninguna objeción que sea así, porque si él pasa a donaciones eso se vería después de las elecciones, el 15 de abril. Entonces ya la razón por la cual lo pasamos a él a compra de bonos ya se habría cumplido, que era para que no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata, pero ahora se podría reversar y hay una explicación, digamos que muy convincente, de por qué hubo esa equivocación. De hecho fue porque la cuenta de donaciones ya no recibía plata, pero en ese momento nosotros no sabíamos que era porque el BCR nos había cerrado la cuenta de donaciones a transferencias bancarias, y entonces lo pasamos a la otra, a la de gastos que es para la de compra de bonos. Aclarado eso podríamos reversarla con esa justificación.

El problema que tengo es que don Calixto [Chaves] se opone rotundamente, dice que se vaya para el diablo, y yo siempre tiendo a jugar la bola baja y entonces no veo, no veo ninguna razón para molestarme con… o molestar a Bernal. Bernal ya amenazó en que si no lo hacemos, entonces que él va a salir a la prensa a decir que no se le respetó su voluntad y todo el enredo. En este momento me parece que necesitamos calma, eso es lo que menos necesitamos, es otro revuelo con Bernal, pero diay, Calixto me dice que no. Entonces quisiera que usted me dijera, diera la última palabra.

Sin embargo, en su declaración pública este viernes Chaves bajó el tono de las revelaciones que hace ese audio, afirmando que "quedó claro" que Bernal Jiménez no quería ganar intereses o rendimientos por sus contribuciones a la campaña, por lo que pedía que se registraran como una donación. El presidente afirmó que "hubo un error material" por el que se acreditó ese dinero a la cuenta de bonos del PPSD, "lo cual con toda razón molestó a don Bernal", pero que al final "se cumplió con la voluntad de Don Bernal, se anularon los bonos, se registró como donación y todos los movimientos fueron registrados a tiempo y en forma ante el Tribunal Supremo de Elecciones".

Chaves no hizo mención alguna a Calixto Chaves en su declaración.

El audio también revela que el tesorero del PPSD y ahora vicepresidente sabía del fideicomiso actualmente investigado por financiamiento ilegal a la campaña de Chaves, y que ese fideicomiso había recibido aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido según el Código Electoral costarricense.

En el audio, el vicepresidente comenta a Chaves que la recomendación que le dio un hombre identificado como "Roger", sobre la necesidad de hacer una lista de activos dados por el fideicomiso a la campaña, era "no hacer la lista, no hacer traslados, no hacer nada", bajo la excusa de que el Tribunal Supremo de Elecciones no sabía nada sobre eso.

En el audio, Brunner también revela que estuvo "todo el día" tratando de llamar a la presidenta del partido, la actual diputada Luz Mary Alpízar, para hablar sobre el tema, pero que ella no le contestaba ni las llamadas ni los mensajes pese a aparecer "en línea"; y volvió a insistirle a Chaves de que la recomendación era no hacer "nada" porque no se sabía de la existencia de esos activos, "ni tenían por qué enterarse".

La tercera parte del audio consiste en quejas que Brunner plantea a Chaves sobre el manejo de las finanzas de la campaña, al exponer que aunque él es el tesorero, no tiene control de los gastos, porque había "tres caciques" que disponían recursos a su gusto: Federico Cruz alias “Choreco”, conocido como el "as invisible" de Rodrigo Chaves; la ahora ministra de Salud y entonces jefa de campaña del PPSD, Joselyn Chacón Madrigal; y Calixto Chaves.

Brunner expuso en el audio Brunner expuso que "Choreco" empezó a gastar 42 millones de colones sin que él los hubiese aprobado; que "Joselyn" pasaba pidiendo más personal para ella y que "se voló" al ordenar 50.000 banderas con recursos de bonos del partido que ella había vendido; mientras que Calixto Chaves también había pedido otras 50.000 banderas y le había ordenado pagarle 16 millones de colones a un hombre identificado como "Geovanny", por unas "vallas grandes"

El audio también revela una relación en "alitas de cucaracha" entre la campaña de Chaves y el Partido Progreso Social Democrático, porque ellos veían que tanto Joselyn Chacón como la segunda vicepresidente, Mary Munive, pasaban pidiendo personal; y cuestionaban entonces que por qué ellos no, por lo que la agrupación tomó la decisión de meter a todo su Comité Ejecutivo Nacional en planilla con un salario de 450.000 colones, y que él veía innecesario pelear eso pues podría terminar de romper la comunicación entre la campaña y la agrupación.

Sobre todas estas revelaciones, de veracidad ahora confirmadas por el primer mandatario, Chaves se limitó a afirmar que era "evidente" el "cuidadoso manejo de la liquidez en la campaña", pese a que su vicepresidente y entonces tesorero le estaba haciendo saber que él no parecía tener autoridad para poner un freno a los gastos.

"Es evidente el cuidadoso manejo de la liquidez en la campaña porque los fondos eran muy escasos, ustedes lo saben por eso Stephan en el audio me solicita que las personas autorizadas para aprobar pagos debía moderar sus gastos. Y así lo hice. Manejamos las cosas con mucha prudencia", dijo Chaves.

El mandatario afirmó que esos temas son "absolutamente normales y entendibles al calor de una campaña política" y que él se siente "complacido" de que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio Público investiguen todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas "ojalá de todos los partidos".

En la declaración suministrada a la prensa por Casa Presidencial, Brunner se limitó a decir:

Ejercí una tesorería muy responsable. Siempre estoy a las órdenes de las autoridades. El audio lo que confirma. Es que cumplir mi deber como tesorero de advertir al entonces candidato lo que estaba pasando y que había que cuidar al máximo el poco dinero del que disponíamos.

Esta semana se dio a conocer el informe preliminar entregado al Ministerio Público por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en torno a las irregularidades en el manejo de las finanzas de campaña del Partido Progreso Social Democrático.

El documento advierte de la existencia de un “esquema oscuro de financiamiento” y alude a por lo menos 2 estructuras paralelas. Una de ellas sería el fideicomiso "Costa Rica Próspera" creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova; y administrador por el actual canciller, Arnoldo André Tinoco; la segunda, es la supuestamente gestionada por Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero Sanabria, quien reportó movimientos en sus cuestas de hasta 195.000 dólares transferidos por Loeb Casanova a fin de financiar la campaña del hoy diputado.

El documento también alude a legitimación de capitales y falsificación de firmas y además ofrece nuevos detalles que no habían trascendido con anterioridad. En concreto, habla de alertas emitidas por el Banco de Costa Rica luego de un movimiento irregular con unos cheques.

El caso particular alude a 150 millones de colones que ingresaron a la campaña del partido por medio de cheques, al menos dos de los cuales (por 70 y 50 millones) fueron girados por un joven de 25 años, quien además fue el principal comprador de bonos serie “B” del partido.

Según explicó La Nación “la mayor parte del dinero, un total de ¢120 millones, provino de una cuenta en el BCR que no registraba movimientos desde setiembre del 2019, la cual está a nombre de De Sheng Lin Hu, un costarricense de 25 años de edad. A su vez, los recursos ingresaron a dicha cuenta en el BCR “por medio de transferencia SINPE de otra entidad (bancaria), indicando como motivo: ‘regalo a mi hijo’”. Los restantes ¢30 millones llegaron provenientes de una cuenta del BAC”.

El TSE analiza la situación “porque sugiere la potencial compra, por interpósita mano, de certificados de cesión de la contribución estatal por una persona extranjera, dado que el señor Zufan Lin y la señora Weiwen Hu, progenitores registrados del señor Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil costarricense”.

Dato D+: El artículo 116 del Código Electoral prohíbe a personas extranjeras (físicas o jurídicas) financiar de cualquier forma a los partidos políticos, de comprobarse esa situación la pena es de 2 a 4 años de prisión, tanto para quién dona como para las autoridades del partido involucradas.