Tres de las cinco candidaturas que compitieron el día de hoy por la Presidencia del Poder Judicial se comprometieron con que la Corte Suprema de Justicia debe realizar las votaciones de nombramientos que le corresponde de forma pública.

Dato D+: En la Asamblea Legislativa hay dos expedientes para incluir expresamente que las votaciones de la Corte Suprema de Justicia deben ser públicas, el expediente 21.496 (que cubre nombramientos en Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía General de la República, la Dirección de la Defensa Pública y la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, así como las nóminas de Magistraturas suplentes) y el expediente 23.210 (solo aplica para el nombramiento a la Fiscalía General).

El compromiso se dio luego de la presentación que hizo cada candidatura ante la pregunta expresa del magistrado Paul Rueda Leal (Sala Constitucional) de si se comprometerían a que las votaciones sean públicas para los casos de las lista de personas para llenar las magistraturas suplentes, las magistraturas propietarias y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, así como a las personas que dirigen la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial.

Ante esa consulta el magistrado Orlando Aguirre Gómez (Sala II) aseguró:

En los casos de votaciones que están reguladas por la ley de forma secreta, como por ejemplo, en estas que estamos hoy, lo que tendríamos que procurar son las reformas legales correspondientes. Pero en todo aquello, que quepa una interpretación, como por ejemplo, ya hicimos en el caso de la fiscala General anterior, debemos interpretar esas reglas en un pro transparencia, yo siempre ha sido esa mi posición, y como presidente buscaría que cualquier interpretación sea en favor de la transparencia”.

En el caso de magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado (Sala Constitucional), ante la misma consulta indicó que:

Estoy convencido de que el voto público fortalece nuestra democracia, es más transparente, y nos acerca al ciudadano. Concuerdo que, para el próximo nombramiento en el mes de setiembre, el nombramiento del próximo fiscal General de la República debe ser mediante una votación pública y no secreta. Pero, además, donde no esté la disposición legal que exija el voto secreto, como las que usted ha citado, me comprometo con el voto público".

Adicionalmente, la magistrada Patricia Solano Castro (Sala III), le contestó a Rueda Leal:

Creo que este Poder de la República, desde el año 2018, ya dictó una línea, de avanzada de alguna manera, porque con la elección de la anterior fiscala general ya está Corte decidió que esa elección es pública, de manera que eso fue un avance, incluso sobre esto con otras instituciones, y en esto yo creo que ya no hay marcha atrás".

Por su parte, la magistrada Roxana Chacón Artavia (Sala II) aseguró que en el caso de las votaciones consultadas por Rueda existen "prohibiciones de ley para que la votación no sea pública", por lo que indicó que lo que se requiere es una reforma legal, a pesar de que para los casos consultados no existe un señalamiento legal expreso de que esas votaciones deben ser secretas.

Dato D+: En el caso del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga (Sala I), no se refirió al tema al no haber sido consultado por el magistrado Rueda Leal.

En la sesión del día de hoy, y tras cinco rondas de votaciones secretas, ninguna de las cinco candidaturas logró conseguir los 12 votos necesarios para asumir la Presidencia del Poder Judicial. Ahora, la Corte Plena volverá a sesionar el próximo lunes y, aparte de las cinco personas que se habían postulado, también se podrá proponer cualquier otra candidatura que cumpla con el requisito de ostentar una magistratura en propiedad.