El magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Román Solís Zelaya, falleció este sábado a los 68 años de edad.

El deceso fue comunicado por familiares del magistrado, la Asociación Costarricense de la Judicatura y la Oficina de Prensa del Poder Judicial. Las causas no trascendieron.

Solís fue nombrado magistrado por la Asamblea Legislativa en el año 2001 y fue reelecto por tercera vez en abril del 2017 para ejercer por ocho años más como magistrado de la Sala encargada de lo civil.

Obtuvo su título de Licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica y cursó estudios universitarios en la Universidad de Bologna, Italia. También estudió Ciencias Políticas en la UCR, según su hoja de vida en el Poder Judicial.

Antes de ser magistrado, Solís se desempeñó como abogado y notario en el ejercicio profesional desde 1980 a 1984 en el Bufete Dike; luego fue designado Procurador Adjunto de la República de 1986 a 1989; Procurador Civil en 1989, Procurador Fiscal en 1990 y Procurador General de la República de 1997 al 2001, cargo que dejó para asumir la magistratura de la Sala Primera.

Solís también fue Fiscal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en 1989 y Fiscal de la Academia Nacional de Derecho Público en 1984.

Fue profesor instructor en régimen académico en la Facultad de Derecho de la UCR, de los cursos de Derecho Público, Constitucional, Administrativo y Teoría del Estado, desde 1980. También fue coordinador del Área de Estudios Independientes de la Facultad de Derecho; profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Escuela Libre de Derecho desde 1982; y profesor de Derecho Público y Constitucional en la Universidad La Salle desde 1996 al 2001.

Román Solís Zelaya fue el magistrado encargado de dirigir el procedimiento disciplinario en contra de la Sala Tercera por el caso Cementazo. Su informe determinó que los magistrados Jesús Ramírez, Doris Arias, Carlos Chinchilla y María Elena Gómez habían cometido una falta grave al desestimar una causa penal de ese escándalo, usando hechos falsos.

En octubre de 2018, el entonces magistrado se inclinó por recomendar a la Corte que se pronunciara sobre el proyecto de ley de plan fiscal en el sentido de que no afectaba al Poder Judicial, siempre y cuando se interpretara que la rectoría de empleo público otorgada al Mideplán y otras disposiciones del texto sobre salarios, serían respetuosas del principio de independencia de poderes. Su posición solo fue respaldada por el entonces magistrado Jaime Robleto, y el magistrado penal, Jesús Ramírez.