El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, presentó los resultados de su más reciente encuesta de opinión sociopolítica, los cuales arrojan una valoración mayoritariamente positiva de la gestión del presidente, Rodrigo Chaves Robles. Prácticamente 8 de cada 10 personas (79%) le dieron una calificación de buena o muy buena a la gestión del mandatario, y menos de 1 de cada 10 (9%) calificó la gestión como mala o muy mala.

Dato D+: La encuesta fue realizada los días entre semana del 16 al 23 de agosto, a una muestra de 1001 personas mayores de edad contactadas de forma aleatoria a su teléfono celular, y tiene un margen de error de ±3.1 puntos porcentuales al 95% de confianza.

Los resultados obtenidos por el actual mandatario superan las valoraciones positivas registradas por su predecesor, Carlos Alvarado Quesada, quien en su momento de mayor apoyo (al inicio de la pandemia en abril del 2020) registró un 65% de valoraciones positivas, y cerró su gestión con tan solo un 18% de opiniones favorables.

Por otra parte, el informe destaca que

la gestión en general del gobierno es valorada positivamente, ya que un 71% de las personas consideran que la labor del gobierno es buena o muy buena, y únicamente un 9% la cataloga como mala o muy mala. Si se compara con la serie histórica, solamente en el mes de abril de 2020, en el contexto del inicio de la pandemia por el COVID-19 se tiene un valor superior (76% en esa ocasión)”.

El estudio también arroja que una cantidad similar de personas a las que valoran positivamente al mandatario, tienen una valoración negativa de la situación económica del país (78%), que según la encuesta es un dato levemente inferior al registrado en abril de 2021, cuando el 83% de las personas eran pesimistas sobre la situación económica del país, por lo que el informe señala que "el cambio de gobierno no ha generado una mejora en las expectativas de las personas sobre la situación económica del país".

Adicionalmente, al consultar a las personas por el principal problema del país, la respuesta más frecuente fue el costo de vida (42.4%), seguido del desempleo (15.2%) y la corrupción (11.2%).

La encuesta indagó en la percepción de las personas sobre los obstáculos del Gobierno para cumplir sus promesas, y 1 de cada 2 personas (50.8%) aseguró que el principal obstáculo se encontraba en la Asamblea Legislativa, seguido de un lejano 13.6% que señaló a los partidos de oposición, un 9.4% que aseguró eran las personas funcionarias públicas, y un 8% que señaló a la prensa como obstáculo.

Sobre la valoración que dan las personas a distintas instituciones públicas, la Universidad de Costa Rica se mantiene como la institución mejor valorada, con una nota promedio de 8.3 (en escala de 1 a 10), seguida de las demás universidades públicas, que por primera vez fueron incluidas en este estudio de forma independiente, y tuvieron calificaciones de 8.2 el TEC; 8.1 la UNA, 8.0 la UNED y el 7.8 la UTN.

Del otro lado del espectro, los partidos políticos se mantienen como la institución peor valorada por la población, registrando apenas una calificación de 4.1, y levemente por encima se ubicaron el MOPT (5.3) y la Asamblea Legislativa (5.5).

Apoyo a la Democracia

El estudio del CIEP también indagó en el apoyo de las personas al sistema democrático, dedicando una sección a responder dos preguntas claves: ¿ha cambiado el apoyo ciudadano a la democracia en comparación con el pasado reciente? Si hubiese habido un cambio, ¿crea mayor espacio para un mandato político a favor de un gobierno con actitudes autoritarias?  Arrojando como resultado que “hay cambio, pero ese cambio no favorece a un gobierno”.

Según señala el estudio:

En el 2022, el respaldo ciudadano a la democracia aumentó en la coyuntura electoral reciente, ubicándose en un nivel alto considerando las dos primeras décadas del siglo XXI. En efecto, en agosto de 2022, el respaldo a la democracia incrementó a 70 puntos en una escala 0-100. En esta escala entre mayor sea el valor, se aumenta el apoyo ciudadano al sistema político . Esta cifra es la segunda más alta en el presente siglo, sólo superada por la registrada en abril de 2020, a un mes de la pandemia”.

Para profundizar en los datos, el estudio volvió a utilizar una tipología que clasifica a las personas en un continuo que va desde los más fieles creyentes en la democracia, los que se posicionan a mitad del espectro, hasta los que se localizan en el otro extremo, es decir, aquellos que muestran las más radicales conductas antisistema.

Los resultados arrojaron que si bien a largo plazo se registra un deterioro en los perfiles de mayor apoyo a la democracia (demócratas liberales y los demócratas semiliberales) y un aumento en los denominados ambivalentes (por sus actitudes contradictorias con la democracia), en el contexto electoral de este año "hubo una recuperación del apoyo ciudadano a la democracia, con una ampliación del peso de los perfiles demócrata liberal. Este “rebote” frenó el desplazamiento del centro de gravedad de los fieles adeptos a la democracia hacia individuos que poseen actitudes contradictorias hacia ella”.

Adicionalmente, al indagar en actitudes políticas de la población, la mayor parte de las personas entrevistadas apoyaron las medidas democrácticas y de respeto con el ordenamiento jurídico, siendo que el 78% estuvo de acuerdo con que el Gobierno “debe cumplir las leyes”; el 63% estuvo de acuerdo con que el Gobierno debe “hacer caso a las decisiones de los jueces”; y el 75% esta de acuerdo con que el gobierno debe “trabajar con los partidos de la Asamblea Legislativa”.

El informe concluye que “a alta popularidad inicial del nuevo gobierno rompe con la tendencia dominante en los últimos años en relación con las valoraciones ciudadanas sobre el Ejecutivo, pero que esa popularidad no es un “mandato ciudadano” a favor de un gobierno que se salte las normas de la democracia. No confirma la existencia de “un cheque en blanco” a favor de un gobierno con actitudes autoritarias y, por el contrario, se ha reforzado la exigencia ciudadana de que cumpla con esas normas y prácticas de la democracia”.