El Senado de Colombia aprobó este martes, con 74 votos a favor y 22 en contra, la ratificación del país al Tratado de Escazú, un acuerdo vinculado a la protección ambiental que en 2018 firmaron 24 países de América Latina y el Caribe.
La iniciativa votada se dio luego de dos debates y ahora deberá ir a la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva.
Esta aprobación dejó a la vista la fuerza del bloque Pacto Histórico y los partidos que se aliaron en lo que el presidente electo, Gustavo Petro, ha definido como el “Acuerdo Nacional”.
Esta no es la primera vez que se pone en consideración la ratificación de este tratado, sin embargo, la gestión del actual presidente, Iván Duque, cuyo mandato terminará el próximo 7 de agosto, lo había rechazado.
Luego de esta aprobación, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dijo en rueda de prensa que todavía quedan dos debates por dar en la Cámara de Representantes, pero que le solicitarán a Petro que lleve a cabo un pedido de urgencia para que se aceleren los trámites y quede concluido de manera rápida.
Cepeda aseguró que es “muy alentador” que la primera votación de la coalición triunfe con algo “tan importante” como este Tratado. “Este instrumento fortalece el derecho a la información ambiental y será fundamental para defender la naturaleza”, apuntó.
En tanto, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dijo durante su intervención que apoyar este proyecto "es defender la vida y el medio ambiente". "Debe ser prioritario en la agenda ambiental del país y así cumplir con los compromisos internacionales", acotó.
Uno de los que votó en contra fue el senador del Partido Conservador, Oscar Mauricio Giraldo, quien dijo que firmar este tratado haría que el país debilite su soberanía.
El tratado
El Tratado de Escazú -que lleva ese nombre porque se firmó en la ciudad costarricense de Escazú- establece una mayor participación ciudadana en la evaluación ambiental de los emprendimientos empresariales y prevé mecanismos más transparentes en el acceso a la información vinculada a proyectos que podrían ser contaminantes.
Además, el acuerdo incluye normas que garantizan el acceso a instancias judiciales y administrativas para apelar decisiones de organismos públicos que puedan dañar el ambiente. También establece obligaciones para que los gobiernos garanticen la seguridad de los líderes ambientalistas.
