La Sala Constitucional, también conocida como Sala IV, declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo para que el Ministerio de Salud garantice, en seis meses, que 73 medicamentos multiorigen, también conocidos como genéricos, cumplan las pruebas de bioequivalencia necesarias para certificar su eficiencia, seguridad y calidad.

La resolución de los magistrados N. 2022-015645 es el resultado de un recurso de amparo interpuesto por la Federación ONG´s de Pacientes Costa Rica en conjunto con el TCU 758 de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la actualidad, un médico (privado o de la Caja) puede recetar a un paciente medicamentos genéricos que cuentan con los permisos necesarios para estar en el mercado comercializándose, pero que no cuentan con los estudios  para determinar si son de calidad. La presidenta de la Federación de ONGs de Pacientes de Costa Rica, Vivian Leal Barquero, ejemplificó:

Hoy un paciente con cáncer o con alguna otra enfermedad podría estar recibiendo un medicamento antineoplásico o antibiótico, que realmente no le está funcionando”. 

La discusión es de larga data, de finales de los 90, y Leal afirmó que la cartera de Salud tiene la obligación de actualizar de manera constante la lista de medicamentos que cuentan con los respectivos estudios. No obstante, señaló que los análisis no se hacen de forma frecuente "lo que implica que la lista es apenas de 50 medicamentos respecto de los miles de productos que se comercializan en Costa Rica”, dijo la vocera. 

En enero de 2021, bajo la resolución MS-CTI-001.- 2021 -, el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del 29 de enero del 2021, amplió de 49 medicamentos a 122 el listado priorizado de medicamentos multiorigen que requieren demostrar bioequivalencia para que se otorgue el registro sanitario.

Sin embargo, posteriormente, acordó que la solicitud de estos estudios se dará en dos años más, situación que preocupó a las organizaciones de pacientes que veían con esperanza la ampliación del listado.

Es por ello que para las organizaciones de pacientes y la sociedad costarricense esta resolución plantea un gran logro en una discusión que lleva décadas sin resolverse”, puntualizó Freddy Arias, asesor de la Federación.

La Sala también condenó al Estado “al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratorio, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

De igual manera, la resolución recordó a la jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón y a la presidenta del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, Priscilla Herrera, la exposición a presión o una multa en caso de incumplir con la orden.