Con 67 votos de legisladores oficialistas, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la prórroga del régimen de excepción por cuarta vez.
Desde el inicio de la medida el 27 de marzo, el gobierno ha detenido a 46 mil personas y se han decomisado 1.103 armas de fuego, según cifras divulgada por el Ministerio de Justicia y Seguridad desde su cuenta de Twitter. La solicitud para ampliar el estado de excepción 30 días más había sido enviada unas horas antes por el Ejecutivo bajo el argumento de seguir adelante con el “combate a la delincuencia”.
“Los resultados que estamos obteniendo como gabinete, con el apoyo de la población, Órgano Legislativo y Judicial, están a la vista”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, según consigna el periódico El Salvador.
La norma aprobada establece que se verán afectados los derechos a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.
El régimen de excepción ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales. Según medios locales, 63 personas murieron en los penales desde el anuncio de la medida, aunque no se cuenta con cifras oficiales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, registró 1.931 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Asimismo, la organización de derechos humanos Cristosal, Abraham Ábrego, aseguró que el 65% de las 808 denuncias que recibieron de capturas involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas.
A mediados de marzo, los hechos de violencia aumentaron en el país con 87 asesinatos en un fin de semana. En respuesta, el presidente Nayib Bukele pidió al Parlamento que se aprobara el régimen de excepción por 30 días para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".
Una investigación periodística del medio El Faro ratificó la existencia de negociaciones entre Bukele y las pandillas y que la ruptura del pacto culminó en la matanza de 87 personas.
