La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles haber finalizado la acusación que presentará por el caso Cementazo-Banco de Costa Rica que empezó a investigarse desde el año 2016.

Se trata de la segunda acusación que formula el Ministerio Público por los hechos del megaescándalo político de presunta corrupción revelado a mediados de 2017, donde se cuestiona el préstamo de $31,5 millones por parte del Banco de Costa Rica (BCR) al empresario Juan Carlos Bolaños y su empresa Sinocem Costa Rica, en condiciones irregulares.

Según un comunicado de la Fiscalía, su Unidad Especializada notificó el 11 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR), en su condición de Abogada del Estado; y al Banco de Costa Rica, para que decidan si se apersonarán al proceso a presentar una acusación particular (querella), y si pedirán o no una acción civil resarcitoria por los daños y perjuicios causados con los hechos acusados.

En un comunicado de prensa posterior, el BCR dijo que está valorando con sus abogados el presentar una querella y acción civil resarcitoria.

De acuerdo con la Unidad, dentro de la causa se acusaron 97 delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos.

El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas de Sinocem Costa Rica fue acusado de un total de 28 delitos: ocho por receptación, legalización o encubrimiento de bienes (sancionado cada uno con prisión de uno a ocho años); 11 delitos de peculado (reprimido con prisión de tres a 12 años); tres delitos de uso de documento falso (reprimido cada uno con cárcel de uno a seis años); tres delitos de influencia sobre la Hacienda Pública (prisión de dos a ocho años por cada uno) y tres delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada (reprimido cada uno con prisión de dos a seis años).

Por la parte de Sinocem Costa Rica, la Fiscalía también acusó a sus dos gerentes: a Javier Rojas Segura se le imputan 22 delitos (ocho por receptación, legalización o encubrimiento de bienes; 11 delitos de peculado; y tres delitos de uso de falso documento), mientras que a Mario Cortés Zuñiga se le acusa de cinco delitos (dos por receptación, legalización o encubrimiento de bienes, y tres por uso de falso documento).

Las restantes seis personas acusadas son o fueron funcionarios del Banco de Costa Rica cuando se dieron los hechos.

Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista del BCR fue acusado de 16 delitos: 11 por peculado, tres por tráfico de influencias (sancionado cada uno con prisión de dos a cinco años), uno por falsedad ideológica agravada (pena de dos a ocho años), y uno por falsificación de documento público en modalidad agravada (pena de dos a ocho años).

Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, fue acusado de seis delitos: dos por peculado, dos por tráfico de influencias, uno por falsedad ideológica agravada y uno por falsificación de documento público en modalidad agravada.

Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista del BCR, fue acusado de seis delitos: tres por peculado, uno por tráfico de influencias, uno por falsedad ideológica agravada y uno por falsificación de documento público en modalidad agravada.

Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR, fue acusado de cuatro delitos: uno por peculado, uno por tráfico de influencias, uno por falsedad ideológica agravada, y uno por falsificación de documento público en modalidad agravada.

Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito BCR, fue causado de cuatro delitos: uno por peculado, uno por tráfico de influencias, uno por falsedad ideológica agravada, y uno por falsificación de documento público en modalidad agravada.

Finalmente, la expresidenta del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tumminelli, fue acusada de seis delitos: tres delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y tres delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.

Hipótesis fiscal

El Ministerio Público investigó ​los hechos que se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el Banco de Costa Rica para Juan Carlos Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado también por Mario Cortés Zúñiga y Javier Rojas Segura.

Según la ​investigación, dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. ​Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y a favor del grupo empresarial de Bolaños.

Además, de acuerdo con la acusación, el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.