En pleno apogeo de la revolución digital, en que la innovación y el desarrollo tecnológico reconfiguran la sociedad y crean nuevas posibilidades para la humanidad, ningún factor es más valioso que el talento humano. Ahora, sin talento es imposible crear valor. Las organizaciones pueden contar con capital financiero, e incluso con mucho poder, pero sin talento no pueden lograr sus objetivos. Por lo tanto, pocos asuntos son más importantes para una nación que su sistema educativo.

Costa Rica es un país cuya principal fortaleza es su capital humano. Es nuestro talento lo que nos permite aprovechar al máximo las otras dos fortalezas: la ubicación geográfica y las riquezas naturales. Esto lo entendemos hace mucho tiempo. Sin embargo, están pendientes los cambios de fondo necesarios para acelerar el cierre de brecha educativa y la generación de oportunidades de desarrollo universales y equitativas, que son un derecho ciudadano, pero que, además, son lo único que nos permitirá crear las condiciones de bienestar a las que aspiramos como sociedad.

Las razones por las cuales nos ha costado tanto, como país, hacer las reformas necesarias al sistema educativo son complejas y de múltiples dimensiones. Tenemos un sistema diseñado para otros tiempos, con otras necesidades, donde la toma de decisiones, los recursos y la acción-ejecución están centralizados, cuando lo que necesitamos es descentralizar para dotar a las instituciones y los sistemas educativos de agilidad, especialmente en función de las personas estudiantes.

Uno de los cambios necesarios radica en el Consejo Superior de Educación Pública (CSE), que es el “órgano de naturaleza constitucional con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, que tendrá a su cargo la orientación y dirección de la enseñanza oficial” (art. 1 de la Ley 1362). El CSE debe “participar activamente en el establecimiento de planes de desarrollo de la educación nacional, en el control de calidad, y buscará no sólo su desarrollo armónico, sino su adaptación constante a las necesidades del país y a los requerimientos de la época…” (art. 2). Al Ministerio de Educación Pública le corresponde la ejecución de los planes que determine el CSE.

Muy bien hasta aquí, pero hay un problema de diseño que le impide al CSE cumplir su propósito, y es su conformación. Según establece la ley, en el Consejo se sientan la persona jerarca del Ministerio de Educación Pública (quien preside), dos personas exministras de Educación, una persona nombrada por la Universidad de Costa Rica, una persona representante de la Educación General Básica, una persona representante del tercer ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada, y una persona representante de las organizaciones de educadores.

Esta conformación deja fuera a muchos actores relevantes, que en este momento son críticos para acelerar el desarrollo de capacidades en las personas estudiantes de todas las edades. Las voces que se sientan en la mesa ahora representan primordialmente al sistema educativo mismo, y no a la sociedad en la que existe. Quedan por fuera voces como la de las comunidades científica, tecnológica y empresarial, la educación privada, y las de organizaciones de la sociedad civil que puedan representar la perspectiva de los estudiantes y sus familias.

Está llamado el talento político del país, a través de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, a hacer cambios de fondo en el diseño del sistema, dotándolo de más representatividad y equilibrio para un mejor funcionamiento y mejores resultados. Con este primer paso todas las partes vinculadas podrán comenzar a ajustarse como les corresponda en lo ejecutivo y administrativo. Está de por medio el pleno desarrollo de nuestro recurso más importante: el talento de los y las jóvenes de Costa Rica.

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