La Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) comunicó que los programas dirigidos a la protección, atención y cuido de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en condiciones de vulnerabilidad social en Costa Rica, se encuentran sin presupuesto debido a la ausencia de contenido presupuestario que enfrenta el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el segundo semestre del 2022. 

Desde UNIPRIN detallan que:

  • Por segundo año consecutivo la disminución en el presupuesto del PANI afecta el financiamiento de programas dirigidos a la niñez y adolescencia en condición de vulnerabilidad.
  • El PANI carece de contenido presupuestario para realizar las transferencias que establecen los convenios para el segundo semestre del 2022.
  • 5735 personas beneficiadas se quedarían sin atención integral diurna.
  • 7822 niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido en modalidades residenciales y acogimiento familiar quedarían sin hogar.
  • Las ONG enfrentarían un cierre técnico y los colaboradores deberán ser separados de sus puestos laborales sin contar con el presupuesto necesario para responder al pago correspondiente de sus prestaciones de ley.

Adicionalmente señalaron que en diferentes momentos externaron la preocupación de que, la disminución sostenida del presupuesto del PANI, no valoró riesgos de desfinanciamiento para los programas que atienden las ONGs en la mencionada área.

Desde la Unión indicaron que la afectación presupuestaria del PANI asciende a un monto de ¢16.335 millones de colones. Además, el monto es requerido para cubrir la transferencia a los programas sociales de atención, protección y a hogares solidarios, que dependen del dinero.

Si no se corrige esta situación, el Estado costarricense estaría violentando de forma directa los derechos que resguarda el Código de la Niñez y la Adolescencia y consecuentemente los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica y por tanto vinculante", advierte el comunicado de UNIPRIN.

Y concluyeron:

Esta es una emergencia que el Poder Ejecutivo debe resolver conjuntamente con el Poder Legislativo antes del 1 de Julio del 2022. Enfatizamos en que el presupuesto para los programas sociales no debe catalogarse como gasto para el gobierno, por cuanto es una inversión para el desarrollo social del país, que por muchos años se ha dado gracias a las políticas sociales promovidas por el Estado costarricense".