El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó que desde este lunes 6 de junio de 2022 y hasta el próximo 5 de julio, el alcalde de San José, Johnny Araya Monge esté suspendido de su cargo sin goce de salario, como ejecución de una sanción impuesta por la Contraloría General de la República (CGR).

Andrei Cambronero Torres, letrado del TSE, confirmó a Delfino.cr que el tribunal adoptó el acuerdo el 2 de junio anterior, luego que la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José informara al órgano electoral que Araya se reincorporó a sus funciones a finales de mayo, luego que un juez revocara la medida cautelar impuesta en su contra a raíz de la investigación del caso Diamante. 

El Tribunal, afirmó Cambronero, había ordenado al departamento del municipio josefino informarle en el momento que Araya se reincorporara a sus funciones con el fin de ejecutar la sanción dada por la Contraloría, al rechazar que el correctivo fuera aplicado mientras el alcalde estaba suspendido por disposición de una autoridad judicial.

"En enero de este año se recibieron dos solicitudes por parte de la Contraloría General de la República para ejecutar dos sanciones de suspensión sin goce de salario contra Johnny Araya Monge, alcalde de la Municipalidad de San José. Uno de esos correctivos lo es por 30 días naturales y el otro por 25 días naturales. En su momento el Tribunal indicó que era imposible ejecutar las sanciones en razón de que Araya Monge estaba separado de su cargo por disposición de una autoridad judicial, por lo que no era dable ejecutar la sanción de la Contraloría y la medida de la autoridad judicial al mismo tiempo", detalló el letrado.

La otra sanción por 25 días naturales está pendiente de ser definida cuándo se aplicará, concluyó Cambronero.

Caso que originó la sanción

La Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de la Hacienda Pública, sancionó al alcalde de San José, Johnny Araya Monge y otros funcionarios municipales tras el pago ilegal a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital.

El caso refiere al pago de 253 millones de colones a Setex Aparki ocurrido en el 2018, luego que cuatro años antes la empresa acusara un desbalance financiero ante el gobierno local por el grado de ocupación de los parquímetros, ya que en el cartel de licitación que se le adjudicó se habló de una ocupación del 60 al 70%, pero luego se bajó al 13%.

La Municipalidad de San José aprobó la indemnización a la empresa y hasta le concedió un incremento de la comisión recibida por hora de parqueo, más cinco puntos porcentuales extra por concepto de multas, pasándola de 32% a 45%, pese a que previamente estaba advertida que una comisión por encima del 33% sería ruinosa para el gobierno local.

La Contraloría determinó que Araya y el resto de funcionarios acusados eran responsables administrativos "en grado de culpa grave" pues el reclamo de la empresa no tenía sustento legal ni técnico, porque reclamó con base en el porcentaje de ocupación inicial, y no con base al actualizado.

Por ello, impuso de 25 a 30 días de suspensión sin goce salarial contra el alcalde, los regidores y funcionarios municipales Mario Vargas Serrano, Osman Rodríguez Solís, Édgar Sandoval Montero, Alexander Cerdas Rojas, Jorge Vargas Espinoza, Donald Leiva Hernández, Reina Acevedo Acevedo, Rolando Murillo Cruz, Wilber Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi y Flor María Zamora Álvarez.

Araya y el resto de funcionarios sancionados apelaron la resolución de la Contraloría, pero su intento no fructificó.

La denuncia de este caso la realizó el regidor del partido Juntos por San José, Diego Miranda.