Por las fronteras de nuestro país transitan mercancías con un valor promedio diario de más de 87 millones de dólares, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La normativa, tanto como las instituciones involucradas, no puede caer en el anacronismo ni quedarse relegada ante el cambio temporal. La anterior Ley General de Aduanas N°7557 data del año 1995 y hasta el pasado 23 de mayo del 2022 el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate el expediente 22.364.

No se había realizado una reforma profunda e importante a la Ley General de Aduanas (salvo una leve modificación en el año 2004) y tuvieron que pasar más de 27 años para hacer cambios que permitan mejorar sustancialmente nuestra normativa sobre controles aduaneros.

Cuando entró en vigor la Ley General de Aduanas, solo existía el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y el Acuerdo de Libre Comercio con México.  Desde entonces nuestro país ha suscrito 16 Tratados de Libre Comercio.

A pesar de las palmarias necesidades de actualización, existen aún muchas cosas pendientes por realizar, cito el ejemplo de la utilización de las tecnologías no intrusivas para el control aduanero.

La defraudación y el contrabando aduanero resultan un problema palpable, pero las bondades de la utilización de este tipo de tecnologías, van más allá del solo control y fiscalización, también pueden resultar un aliado contra el tráfico de drogas.

Según datos de AMCHAM, en nuestro país, el 35% de la población admite que ha comprado productos de contrabando y el 53% ha realizado alguna compra o práctica ilegítima, como adquirir copias e imitaciones, o productos originales sin pagar impuestos.

Evidentemente el ingreso de ese tipo de productos, que terminan circulando en nuestros mercados internos, sucede a través de nuestras fronteras. Por ello resulta importante fortalecer aún más nuestro sistema aduanero.

La implementación de tecnologías no intrusivas es imprescindible. No es de recibo que, en sede administrativa, nuestras autoridades sigan posponiendo su aplicación; nuestro país rechazó en años recientes la entrega de escáneres donados por el gobierno de la República Popular de China, lo cual es lamentable.

La aplicación del Programa de Operador Económico Autorizado no alcanzará sus plenas posibilidades hasta que se tomen las decisiones ejecutivas necesarias para su aplicación. Ni la Ley Para Impulsar la Integración de Información Aduanera y la Instalación de los Equipos y Los Sistemas de la Tecnología de Inspección no intrusiva, que obliga al gobierno a la utilización de los escáneres en puertos y aeropuertos, ni la referencia existente en el transitorio 40 de la ley 9635, resultan presupuestos suficientes para implementar efectivamente el programa de escáneres, debemos tomar medidas de inmediato.

De esta ley debe destacarse la inserción de institucionalidad tendiente a la simplificación y actualización, medios de pago electrónicos y nuevas formas de notificación, la fusión de los delitos en uno solo de contrabando, la Declaración Anticipada y el Pago Diferido, así como el “leasing”, como figura de importación temporal.

Sin embargo, no podemos eludir algunos temas pendientes, como el del comercio electrónico. En alguno de los textos discutidos en el procedimiento parlamentario de reforma a la Ley General de Aduanas, se pretendió cobrar un monto correspondiente al 15% para compras por internet, sin embargo, la regulación del fenómeno de la digitalización del comercio, no se reduce solamente a un mero ejercicio fiscal, sino que debe ser integral.

También es importante promover la lucha contra el contrabando, contra la defraudación fiscal, la evasión y la reducción de portillos que hacen porosa nuestra legislación y vienen en detrimento de la moral fiscal. Perdemos, aproximadamente, $2.300 millones en contrabando y comercio ilícito, eso es cerca de un 4.5% de nuestro Producto Interno Bruto.

Si bien la Ley General de Aduanas y sus reformas, aportan insumos importantes para combatir el contrabando y comercio ilícito, el problema no se reduce a una ley solamente. Se requiere de una estrategia operativa por parte de Hacienda, que espero el nuevo Ministro asuma con responsabilidad.

Junto con los avances en la actividad comercial se esgrimen grandes retos, en virtud de la necesidad de estar a la altura de los tiempos, así como en todas aquellas circunstancias en las que debemos seguir aplicando la mejora regulatoria e implementando las mejores prácticas que faciliten el comercio.

Los grandes retos siguen estando presentes: debemos atender el problema, en perspectiva internacional, de la crisis en las cadenas de valor, que tanto inciden en los esquemas de formación de precios internamente, procurar reformas compensatorias para resistir a las consecuencias del conflicto en Ucrania y que están subiendo los costos que pagan nuestros productores agrícolas y que ya repercuten en el bolsillo de la gente.

Son estas las cuestiones que nos aguardan. Es destacable los avances que estamos implementando, pero debemos ponerlo en perspectiva y dotarlo de un criterio de realidad en todo momento, con el propósito de seguir beneficiando a las personas.

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