La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez Portuguez, envió a la Procuraduría General de la República (PGR) la solicitud de que se emita un criterio jurídico sobre la legalidad del Decreto Ejecutivo 43.585-H-PLAN-MTSS, que aumentó el salario base de las personas ministras y viceministras en los ministerios con cartera.
El cuestionamiento de la diputada se base en que el país se encuentra en el escenario más extremo de aplicación de la regla fiscal —al tener una relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) superior al 60%—, por lo que se encuentran prohibidos los incrementos salariales por costo de vida en el salario base y demás incentivos salariales.
Dato D+: La relación deuda/PIB para el 2021 fue de un 68%.
En el oficio enviado por la diputada se indica que se cuestiona, además, la razonabilidad y proporcionalidad del ajuste salarial, ya que se trata de “un aumento del 100% si se compara con el actual salario base de tales funcionarios y funcionarias, y sin tomar en cuenta el reconocimiento de los pluses salariales que les corresponde en razón de su cargo o por continuidad en el sector público”.
El salario base de los altos puestos en los ministerios era de ₡1.357.300 para las personas ministras, y ₡1.302.650 para las personas viceministras. Con el ajuste los salarios quedaron en ₡2.681.745 y ₡2.573.768, respectivamente.
Sobre la consulta enviada a la Procuraduría, la diputada Ramírez señaló que “estamos haciendo la consulta para verificar si las actuaciones del señor presidente se apegan a la ley”.
