La Contraloría General de la República, ente fiscalizador de la Hacienda Pública, realizó dos informes de auditoría que revelaron pagos millonarios ilegales por concepto de rubros salariales en las municipalidades de Esparza y Golfito que, a casi cuatro años de entrada en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, continúan sin cumplir las disposiciones relativas a salarios e incentivos.

De acuerdo con los hallazgos del entre contralor, en la Municipalidad de Esparza se pagaron ilegalmente 10.6 millones de colones por concepto de anualidades a 121 funcionarios durante un plazo de 24 meses entre 2019 y 2020. El pago fue ilegal porque su otorgamiento sigue sin cumplir con las disposiciones de la Ley 9635 en cuanto a que debe ser un monto fijo y no porcentual; además que la municipalidad lo ha otorgado sin contar con los resultados de las evaluaciones del desempeño, porque a casi cuatro años de entrada en vigencia la ley, el gobierno local no ha hecho los ajustes para contar con una metodología de evaluación del desempeño, pese a que la ley daba un plazo de seis meses para hacerlo.

Según los resultados de la auditoría, la Municipalidad mantuvo la anualidad en un porcentaje del 3% durante 2019 y 2020, pese a que debía reducirla a 1.94% del salario base para clases profesionales y 2.54% para clases no profesionales.

En esa misma municipalidad, la Contraloría encontró que la Administración otorgó la compensación por prohibición para ejercer profesiones liberales a cuatro puestos a los que no se les debe reconocer. Asimismo, detectó que en tres expedientes hay falta de actualización de documentos asociados al grado académico y título de incorporación al colegio profesional respectivo, requisitos indispensables para otorgar la compensación.

Sobre este aspecto, la Contraloría detectó que al alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo Chaves, se le está reconociendo un porcentaje de compensación del doble al estipulado en la ley (30% en lugar del 15%) según su grado académico de bachiller universitario. Por ende, Calvo ha percibido de manera ilegal al menos 2.2 millones de colones, según los hallazgos de la auditoría.

La Contraloría ordenó al alcalde de Esparza que ajuste el monto de las anualidades a los montos fijos determinados por la Ley 9635 y que inicie un proceso de recuperación de dineros pagados de más. Asimismo, ordenó al encargado de Recursos Humanos de la Municipalidad que ajuste el porcentaje de la compensación por prohibición al alcalde y que se le cobren los montos pagados de más.

En el caso de la Municipalidad de Garabito, la Contraloría detectó que durante los años 2019, 2020 y 2021, el municipio mantuvo en 4% la anualidad, en lugar de los porcentajes definidos en la Ley 9635, alegando que así lo disponía la convención colectiva firmada, y violando -además de la ley y los criterios de la Contraloría-, los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en el sentido de que las convenciones colectivas debían ajustarse a lo dispuesto por la Ley 9635.

Por esa ilegalidad, el municipio pagó durante al menos 36 meses, de forma ilegal a 225 funcionarios, 86.5 millones de colones por concepto de anualidades.

La auditoría también reveló que el gobierno local carece de información suficiente para determinar si procede el reconocimiento de la compensación por prohibición para ejercer profesiones liberales, pues en cuatro de los 14 casos a los que se les reconoce, la descripción de sus tareas no es específica y se consignan actividades muy generales.

Asimismo, la Contraloría detectó sumas pagadas de más por 4.3 millones de colones por concepto del reconocimiento del incentivo de riesgo policial a 46 funcionarios durante 36 meses; y 1.7 millones de colones pagados de más a 55 funcionarios durante 36 meses por concepto del incentivo de riesgo de peligrosidad.

La Contraloría ordenó al alcalde de Garabito, Tobías Murillo Rodríguez, que ajuste el monto de las anualidades a lo dispuesto por la ley y realizar el análisis de casos para recuperar las sumas pagadas de más. Asimismo, le ordenó denunciar la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como que se actualicen los manuales de puestos para que tengan una descripción completa y concisa de tareas para cada perfil.

El informe también ordena que se ajuste el reconocimiento y pago de los incentivos de riesgo policial y riesgo de peligrosidad para que sean montos nominales fijos, y realizar análisis para determinar a cuáles funcionarios verdaderamente se les debe otorgar ese incentivo.