La Sala Primera del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras impuso este lunes una pena de 22 años y seis meses de cárcel para el exmilitar Roberto David Castillo Mejía, quien fue declarado culpable en grado de autor intelectual, del asesinato de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
Castillo fue la novena persona en ser detenida tras el asesinato de la ahora heroína nacional de Honduras cuando intentaba huir del país el 2 de marzo de 2018.
El exmilitar era presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que ejecutaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el occidente del país, al cual Cáceres Flores se oponía junto a grupos organizados ambientalistas y locales debido al impacto que generaba al río Gualcarque, indispensable para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.
DESA envió por meses amenazas de muerte contra activistas opuestos al proyecto. Cáceres fue ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa del municipio La Esperanza en el departamento de Intibucá. En el hecho también resultó herido un amigo de la ambientalista: el activista mexicano Gustavo Castro Soto.
Castillo Mejía fue declarado culpable en julio del 2021, pero no fue sino hasta ahora, un año después, que se dictó la sentencia en su contra.
Durante el juicio, que se prolongó durante dos meses, el Ministerio Público de Honduras logró probar que Castillo Mejía ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca. Entre las pruebas figuraban cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y otros sujetos ya condenados por el crimen de la ambientalista.
La primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (mayor del Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.
Además por este mismo caso, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres.
