La organización de derechos humanos en El Salvador, Cristosal, informó que el 65% de las 808 denuncias de capturas que han registrado durante los dos primeros del régimen de excepción involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas. 

De acuerdo con una publicación que realizó la organización en su cuenta de Twitter, el perfil de las personas que han sido detenidas arbitrariamente durante esta medida que tomó el gobierno de Nayib Bukele son hombres de 18 a 30 años que habitan en zonas urbanas empobrecidas. Además, según las denuncias recibidas por Cristosal, también tienen en común que son personas con tatuajes, que han tenido causas judiciales abiertas, y que son el principal sustento de su núclero familiar.

Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de la organización, dijo que en la mayoría de los casos aún se desconoce el paradero de estas personas. "Lo lamentable es que a estas alturas todavía hay familias que no saben a dónde están sus detenidos, los cuales se llevaron en las primeras dos semanas del régimen", lamentó. Montti aseguró además que las denuncias aumentaron luego de la primera prórroga del régimen.

El registro que realiza la organización sobre desapariciones forzadas les permite sistematizar los datos para brindar una cifra exacta, pero la directora asegura que hay casos en los que las familias no saben nada del detenido y algunos temen que puedan estar muertos, ya que varios padecen enfermedades crónicas.

Régimen de excepción

Este régimen está vigente desde el 27 de marzo y es la principal medida del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas. Desde su implementación, el mandatario dispuso operativos policiales y militares con miles de detenciones.

La primera ampliación se dio el 24 de abril, cuando la Asamblea extendió por 30 días esta iniciativa. Ante la inminente finalización -que iba a ser este jueves- el gobierno anunció una nueva extensión por otros 30 días que fue aprobada este miércoles. Desde que está en vigencia, se han capturado a más de 34.000 personas, según cifras del Ejecutivo.

A mediados de marzo, los hechos de violencia aumentaron en el país y esto sirvió para que el mandatario pidiera al Parlamento que se aprobara el régimen de excepción por 30 días para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".

La norma aprobada establece que se verán afectados por un mes los siguientes derechos: a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.

La segunda prórroga de esta medida se realizó el 25 de mayo por 30 días más.