La Contraloría General de la República, el ente fiscalizador de la Hacienda Pública, remitió al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, un oficio solicitándole que intervenga al más alto nivel del Poder Ejecutivo en aras de una adecuada articulación y coordinación entre todas las dependencias que tengan injerencia en el proyecto de ampliación de la Ruta Nacional 32.
El ente contralor adjuntó a Chaves los hallazgos de una fiscalización en la que se determinó que las problemáticas y complejidades que atraviesa el proyecto tienen como origen la propia forma en que ese proyecto fue concebido, aprobándose una ley en la Asamblea Legislativa para las obras sin que se hubiese realizado la etapa de preinversión, con modalidad contractual determinada (diseño y construcción) y con un ejecutor particular (la empresa china CHEC).
El proyecto, de 107 kilómetros de extensión en derecho de vía, se ha visto retrasado por la intensa y variada interacción, coordinación y articulación que debe realizarse con múltiples actores e instituciones públicas.
La Contraloría señaló, a modo de ejemplo, que hay alrededor de 25 dependencias del Estado que se deben coordinar para cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado en la relación contractual; siendo la de mayor interés en este momento que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) autorice al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a intervenir el Humedal Sandoval, para construir un acueducto y alcantarillado sanitario de Limón que incide en el área de influencia del proyecto de la Ruta 32.
Otro ejemplo puesto por la Contraloría es el de las expropiaciones, donde deben intervenir el MOPT-CONAVI, la Procuraduría General de la República y los Tribunales de Justicia. Esta etapa también es primordial para cumplir con las obligaciones contractuales del Estado.
El informe al Presidente recuerda que la Contraloría alertó oportunamente al Congreso de una serie de riesgos sobre el alcance del proyecto, incluyendo expropiaciones, reubicación de servicios públicos, financiamiento, diferencial cambiario, modalidad contractual entre otros; no obstante, la iniciativa se convirtió en Ley 9293 sin que el proyecto cumpliera con la fase de preinversión, pese a la magnitud y complejidad del mismo.
La Contraloría volvió a advertir de esas falencias en el refrendo del contrato en el año 2016 y en la fiscalización posterior en el año 2019.
En esa línea, resulta necesario remarcar que tales condiciones de origen dificultan la administración del proyecto y hacen más compleja su ejecución, por lo que es indispensable no repetirse en lo sucesivo, además se requiere la adopción de acciones que contribuyan a la disminución de retrasos en el proyecto y que la velocidad de su ejecución no se vea aún más limitada. Por ello, la articulación entre los diferentes actores y entidades públicas sigue siendo una condición crítica y necesaria para el proyecto, lo que supera el ámbito de una sola institución como el CONAVI para lograr los objetivos propuestos con el proyecto.
El oficio al mandatario también menciona que es necesario que CHEC cumpla sus obligaciones contractuales sin importar obstáculos de idioma o su desconocimiento sobre las regulaciones nacionales en materia de condiciones técnicas, ambientales y herramientas de control de ejecución de programas de trabajo.
La Contraloría le hizo ver al Mandatario que el contrato entre Costa Rica y CHEC no tiene ninguna prerrogativa de nivel diplomática, pese a que el Gobierno de China, como condición para financiar el proyecto, fue quien seleccionó a CHEC como contratista.
Asimismo, el ente contralor alertó que ante el proyecto de ley 23.037 que pretende autorizar al MOPT a presupuestar $150 millones adicionales para las obras faltantes en la Ruta 32, es necesario que primero se cumpla con la etapa de preinversión y se sustenten en estudios técnicos, aunado a la obligación de cumplimiento de las disposiciones del informe de auditoría por parte del CONAVI y del MOPT, ya que desde la óptica de la Contraloría, si esto no se garantiza, se corre el riesgo de que la situación de complejidad y retrasos del proyecto aumente, con los consabidos efectos en mayores costos y afectación a la Hacienda Pública, pues sería tanto como repetir el trámite original.
Ante todo eso, la Contraloría pidió al presidente Chaves que intervenga ante los ministros del ramo y presidentes ejecutivos correspondientes para que se haga una adecuada y oportuna articulación y coordinación de todas las dependencias que tienen injerencia en el proyecto de la Ruta 32, de modo que el Estado cumpla con sus obligaciones legales y contractuales; se garantice cumplir con los elementos técnicos necesarios y la autoridad de la gerencia de proyecto para una adecuada ejecución y control del proyecto; se haga cumplir a CHEC con todas sus obligaciones y compromisos adquiridos en la Ley y el contrato; se tenga un riguroso control del expediente administrativo de la gestión del contrato, con el fin de contar con toda la documentación necesaria y pertinente, especialmente para todos aquellos temas que sean susceptibles de posibles reclamos o controversias; y se provea financieramente de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contractuales y riesgos asumidos por Costa Rica, de conformidad con la Ley 9293, el contrato, las normas presupuestarias y de Control Interno vigentes que corresponde aplicar.
