Hijas, hijos, personas con primer grado de consanguinidad y dependientes de mujeres víctimas de femicidio, están próximas a recibir acompañamiento del Estado.

El expediente N° 22872 “Ley de Reparación Integral para personas sobrevivientes de femicidio”  tuvo 43 votos a favor y 0 en contra, en la sesión parlamentaria del 26 de abril. El proyecto pretende crear el Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio, administrado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),  a través del cual se brinde un monto económico a las personas beneficiarias equivalente a medio salario base.

Dato D+: Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, desde que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM), en 2007, se acumulan un total de 402 mujeres que perdieron su vida víctimas de un femicidio.

Responsabilidades

Dentro de las responsabilidades de las instituciones destaca que la Caja Costarricense de Seguro Social deberá ofrecer asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua y especializada, mediante el mecanismo de aseguramiento por el Estado para cada persona sobreviviente de femicidio.

Adicionalmente, deberá tramitar de manera prioritaria las pensiones por orfandad de aquellas personas menores de edad que quedan en dicha condición después del femicidio de sus madres.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) será el responsable de incluir a las personas menores de edad afectadas, para que estén en todos los programas institucionales de atención y asistencia técnica, incluyendo atención psicológica, legal, social, becas y otros beneficios.

El INAMU deberá brindar asesoría y representación legal gratuitas en materia penal, de familia o civil según necesidad, para cualquiera de las personas beneficiarias de este régimen que lo requieran, en los procesos judiciales relacionados con la muerte de la mujer víctima de femicidio.

En los educativo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) deberá otorgar becas estudiantiles a las personas para que puedan continuar sus estudios tanto primarios y secundarios como técnicos. Las becas serán totalmente gratuitas y continuas. En el caso de estar en el sistema educativo, el IMAS dará acceso priorizado a los programas y subsidios orientados a promover aprendizaje.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se encargará de dar atención psicosocial a las personas  que se encuentren estudiando en el sistema educativo público y facilitar los traslados entre centros educativos cuando estos fueran solicitados.

La posible ley establece que el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) tendrá la responsabilidad de incluir dentro de sus Programas Especiales del Bono de Vivienda a las personas beneficiarias, para que accedan a bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional.

Asimismo, se detalla que en caso de que una persona afectada tenga una condición migratoria irregular o presente dificultades para ingresar al país, la Dirección General de Migración y Extranjería, deberá facilitar de manera prioritaria, expedita y gratuita los trámites necesarios.

Impuestos

Parte de los recursos del Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio, se obtendrán de la Ley de Armas y Explosivos. Específicamente regirá un impuesto del 3% sobre los permisos de portación, inscripción, permisos para importar tiros, fabricación, comercio de armas, municiones, explosivos y pólvora en todas sus presentaciones.

En el caso de personas jurídicas, se deberá presentar un timbre de ¢3000 colones por arma que se quiera inscribir. Mientras que la persona jurídica deberá aportar un timbre de ¢5000 para solicitud por arma. La solicitud del permiso de portación de armas también tendrá un timbre por ¢3000.