Con 38 votos a favor y 0 en contra la Asamblea Legislativa aprobó el primer debate del expediente 20.903, el cual busca que las personas con discapacidad en condición de pobreza o pobreza extrema menores de 65 años, puedan gozar de un subsidio económico que les permita cubrir la tarifa del transporte público o parte de ella.
El proyecto propuesto por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Aracelly Salas Eduarte, pretende reformar el artículo 33 de la “Ley Reguladora del Transporte Remunerado de personas en vehículos automotores”. Las personas adultas mayores (mayores de 65 años) también se verían beneficiadas con la iniciativa.
En detalle, el uso gratuito sería para los desplazamientos que no excedan de 25 kilómetros. Para los viajes mayores de 25 km y menores de 50 km, pagarán el 50% del pasaje. En los trayectos mayores de 50 km, pagarán el 75% del boleto.
Las condiciones de discapacidad y pobreza deberán ser certificadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) respectivamente, estas instituciones deberán coordinar lo correspondiente para certificar ambas condiciones.
El subsidio económico estará a cargo del IMAS y se ajustará al mismo régimen de excepción total o parcial en el pago de los pasajes en los vehículos colectivos. Por su parte, las personas adultas mayores deberán presentar su cédula de identidad y el carné de ciudadano de oro.
