En las últimas semanas ha saltado nuevamente a la palestra el tema de la jurisdicción especializada contra la delincuencia organizada, y no precisamente porque ya haya entrado en funcionamiento, sino por las interpretaciones que se han venido desarrollando por parte de los operadores jurídicos en relación con la derogatoria de varios artículos, producto de la entrada en vigencia de la ley que mantenía en vacatio legis el desarrollo formal de esta jurisdicción, sea la Ley N.º 9481 Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, y sus reformas (Ley N.º 9591 y Ley N.º 9769), ello, ante la ausencia de recursos económicos suficientes que permitan su ejecución. A pesar de ello, y siendo que no entraré a analizar este álgido tema, si pretendo en este momento venir a retomar la importancia de la instauración de los tribunales especializados para el juzgamiento de los delitos cometidos por personas integrantes de grupos criminales organizados.

El pasado 25 de marzo de 2022, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Cruz Castro, rindió el Informe de Labores del Poder Judicial, correspondiente al año 2021. En la rendición de cuentas indicada, suministró datos alarmantes, que vienen a ratificar la imperiosa necesidad de la puesta en funcionamiento de la jurisdicción especializada contra la delincuencia organizada. Así, se señaló que la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito durante el año 2020, brindó protección a 23 funcionarios judiciales, cifra que para el 2021 se acrecentó a 33 personas. Por su parte, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial, en el año 2020 protegió a 95 personas trabajadoras del Poder Judicial y en el 2021 se abordaron mediante técnicas de protección a 139 servidores judiciales.

Es preciso tener claro que las empresas criminales, en gran parte de las ocasiones, ejecutan sus conductas delictivas con gran violencia, y dados los distintos niveles que lo conforman, es posible advertir la existencia de cargos gerenciales, los cuales son los más altos en la pirámide jerárquica, hasta los más bajos, como por ejemplo los encargados del sicariato, sin dejar de lado los miembros que a su vez son funcionarios públicos, y que cumplen una labor indispensable en la organización, con ocasión de la información privilegiada con la que cuentan. De manera tal que, el personal jurisdiccional, persecutor del delito, de la defensa pública, y hasta el personal técnico judicial, se exponen a situaciones de riesgo y extrema violencia, para sí y sus familiares, dada la intrusión de los grupos criminales en el órgano judicial, y ante el conocimiento interno que puedan tener de los funcionarios judiciales, facilitar las amenazas, coacciones, y hasta atentados contra la vida y la integridad física de los servidores judiciales, pretendiendo con ello evitar el adecuado juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de estas estructuras criminales.

No obstante, aunque lo antes descrito es un elemento importante a tomar en cuenta respecto a la necesidad de contar con esta jurisdicción especializada, pues a través de ella podría minimizarse, en alguna medida, el riesgo hacia el personal judicial, debe señalarse que existen otros aspectos que pesan sobre el desarrollo normal de la jurisdicción penal ordinaria, y por consiguiente del derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida, dados los atrasos significativos que se pueden presentar en la solución de los casos.

Entre las dificultades que se encuentran, puede apuntarse que las audiencia y juicios de las personas que están siendo juzgadas con la declaratoria de delincuencia organizada, presentan una dificultad para ser programados, en virtud de que deben conciliarse las agendas no solo de las personas juzgadoras, sino también de los fiscales, y los defensores, tanto públicos como privados, que participarán en ellas.

Adicionalmente, debe contemplarse en la planificación de estas diligencias judiciales, la remisión de las personas imputadas, quienes normalmente, en estos casos, se encuentran privados de libertad. Debido a ello, se debe coordinar con la Sección de Cárceles del OIJ, quien en este momento tienen limitado el recurso humano, de transporte y de espacio en celdas, a fin de que puedan realizar traslado de las personas detenidas, la custodia, el suministro de las necesidades básicas durante los días en que se desarrolla la diligencia, entre otros aspectos. Dentro de lo cual, se incluye el aumento en las medidas de seguridad, por los eventuales riesgos de fuga que se pueden presentar durante la ejecución de estas prácticas judiciales.

Asimismo, debe procurarse contar con un espacio adecuado para poder albergar a la totalidad de las partes que participarán en las audiencias, con adecuadas herramientas de seguridad, y en tiempos de pandemia, con las disposiciones sanitarias que exigen distanciamientos mínimos entre una persona y otra, este ejercicio se vuelve casi imposible.

A su vez, las audiencias orales y los juicios son más prolongados, y de rebote, las agendas de los despachos necesariamente se van extendiendo en el tiempo, contribuyendo esto a la mora judicial de la jurisdicción ordinaria en materia penal.

Por otro lado, al estar actualmente combinada la atención de asuntos de trámite ordinario, con otros relacionados con delincuencia organizada, en la cual los expedientes normalmente son voluminosos, por la multiplicidad de partes involucradas, las más diversas modalidades de delitos ejecutadas, y por las distintas diligencias de investigación que se han ejecutado, los tiempos de resolución de las solicitudes presentadas por las partes, se ven sensiblemente afectadas. En el discurso del magistrado presidente Cruz Castro, se ejemplificó los prolongados términos en los que se incurren en algunos despachos, para la atención de los requerimientos urgentes, útiles y necesarios para la investigación formulados por el Ministerio Público. Así, señaló lo siguiente:

(…) Según información brindada en el 2021, el Juzgado Penal de Sarapiquí tardó en promedio cuatro meses en resolver una solicitud de allanamiento. Por su parte, en resolver una solicitud de intervención de las comunicaciones, el Juzgado Penal de Sarapiquí demoró nueve meses. En relación al anticipo jurisdiccional de la prueba, el Juzgado Penal de Puntarenas tardó en promedio cuatro meses (…)”.

Todas estas circunstancias, son parte de los aspectos que se han valorado, tanto en Costa Rica, como en otros países, para contar con jurisdicciones especializadas contra la delincuencia organizada, de forma tal que se le pueda dar un tratamiento adecuado, en respeto de los derechos y garantías constitucionales, fundamentales y legales, a las personas imputadas integrantes de organizaciones delincuenciales, así como de las víctimas y la ciudadanía en general. Y, aunque se tiene claro que esta es apenas una medida paliativa al flagelo que gravemente afecta a nuestro país, el cual requiere de un abordaje integral, lo cierto del caso es que podría reducir en alguna medida los riesgos apuntados anteriormente, y que no se transgredan líneas que hasta ahora, por suerte, no han sido traspasadas.

El camino que se ha seguido para poder dotar a Costa Rica de tribunales especializados para el juzgamiento de este tipo de criminalidad, ha sido largo y tortuoso, principalmente por las limitaciones económicas que enfrenta nuestra nación, pero lo cierto del caso es que se está a las puertas de que esto pueda ser una realidad. La conjunción de voluntades políticas y judiciales, teniendo presente la importancia y necesidad de esta jurisdicción especializada, es la que permitirá que en muy poco tiempo pueda estar en funcionamiento. Quedaremos a la espera de su puesta en marcha y que la misma pueda cumplir los objetivos para la que fue creada.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.