El alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya Monge, se abstuvo a responder en su comparecencia en la comisión legislativa que estudia el Caso Diamante.

En su intervención inicial dio el anuncio y explicó que su decisión de no responder se debe al hecho de que es imputado en un proceso penal. En su mensaje, Araya Monge rechazó una vez más los cargos de que se le acusan.  

Yo fui víctima de un show mediático. Un verdadero circo. Cuando mi casa fue allanada el pasado 15 de noviembre por más de 50 oficiales del OIJ, armados, con pasamontañas y hasta el famoso camión conocido con el nombre de la bestia y el Ministerio Público. Como si se tratara de un bunker del narcotráfico o de un capo de la mafia". 

La cabeza de la municipalidad josefina dijo que sacarlo esposado fue una “medida incomprensible y sin congruencia de lo que ocurrió posteriormente”. Araya dice que se ejecutó un juicio mediático que no respetó su principio de inocencia.  

Yo no descarto por el momento que se vivía y por la forma en que se llevaron esos operativos que existan intereses políticos ocultos": 

De acuerdo con el expediente del Caso Diamante, Araya intervino a favor de la empresa constructora MECO para que ganara una licitación cercana a los ¢394 millones.

Los integrantes del foro legislativo que estudia el caso de corrupción le indicaron al alcalde que la intención de la citatoria no era abrir una investigación paralela a la que lleva el Ministerio Público. El alcalde respondió de manera escueta algunas preguntas que no tenían relación directa con el expediente del que se le acusa, con autorización de sus abogados.

La operación Diamante empezó, de la mano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción, en noviembre de 2021 cuando las autoridades detuvieron a los alcaldes de San José, Johnny Araya Monge; de Cartago, Mario Redondo Poveda; de Alajuela, Humberto Soto Herrera; de Osa, Alberto Cole De León; de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; y de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés.

Los jerarcas quedaron suspendidos de sus cargos por seis meses (acaba en mayo), sin poder salir del país y con la obligación de presentarse a firmar una vez al mes.