La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo la solicitud de ampliación del régimen de excepción por 30 días más, que fue presentada por el gabinete de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, ya que consideran que aún “el país lo necesita”.

La iniciativa fue aprobada con 67 votos a favor, 5 en contra, 6 abstenciones y 9 parlamentarios ausentes, durante la sesión extraordinaria que se desarrolló este domingo y se extendió por unas cuatro horas. De esta forma, el periodo que debía culminar este lunes, tendrá 30 días más de vigencia.

Desde la oposición se ha considerado que el régimen de excepción no es una buena herramienta, ya que, entre otras cosas, no atiende la cuestión estructural de la violencia en el país. Al respecto, el diputado Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que ellos no defienden a las pandillas, pero que este tipo de acciones del gobierno hace que "paguen justos por pecadores", en referencia a presuntas violaciones de los derechos humanos.

"Si en algo coincidimos con el pueblo salvadoreño y muchos de ustedes es que debemos afrontar el combate a la delincuencia (...) lamentamos lo que aquí ocurre, pero también estamos conscientes de que es un problema estructural que tenemos en el país. Pueden encerrarlos a todos esos miembros de estructuras militares donde se están enfocando, pero el problema no se va a terminar. Estamos inmersos en un sistema capitalista que promueve la maldad, se alimenta de la delincuencia, pero no podemos criminalizar la pobreza, la juventud", enfatizó y acotó que hay "muchísimos ejemplos" de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.

En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, resaltó que estas son "decisiones de país" que van más allá de las ideologías, porque no hay "ni un salvadoreño" que esté libre del accionar de las pandillas.

"Esta no es época de cobardes, es época de estar claros y decididos, mantenernos firmes, que lo que estamos haciendo es lo correcto y debemos de estar seguros de que estamos haciendo lo correcto porque el pueblo salvadoreño nos está acompañado", afirmó.

Previo a la sesión, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, junto a otras autoridades, presentó la solicitud de la ampliación y en rueda de prensa dijo que defienden "al salvadoreño honrado que tuvo que vestirse de luto y llorar la pérdida de familiares y amigos por parte de los terroristas”.

A su vez, señaló que gobiernos anteriores “no velaron por los derechos de las víctimas” al escuchar las recomendaciones de diferentes organismos internacionales y ONGs. “Todas estas organizaciones internacionales se pueden ir donde quieran, pero en este país, ni el gobierno, ni órganos del Estado, ni el pueblo los escucha. Nunca tuvieron el valor y coraje que el presidente de muestra con su gabinete de seguridad”, sentenció.

Además, remarcó que con la extensión del régimen de excepción continuarán con el trabajo de combatir “el cáncer” de El Salvador. “Definitivamente, las pandillas no tienen cabida y vamos a seguir día a día impactando con más de 500 capturas. En este momento ya superamos las 16.000 capturas y ya hay más de 6.000 que están en prisión formal decretada por un juez”, detalló.

Compras directas

La Asamblea Legislativa de El Salvador también aprobó un régimen especial para que el gobierno haga compras directas sin pasar por la regulación sobre contratación en la administración pública.

La medida fue aprobada por la mayoría oficialista en el congreso, luego que se votara el régimen de excepción por 30 días más.

El oficialismo asegura que de esta manera se podrán comprar de manera rápida insumos para las fuerzas de seguridad del país.

La resolución establece que no se tendrá en cuenta la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública. Esta norma tiene por objeto “establecer las normas básicas que regularán las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la Administración Pública deba celebrar para la consecución de sus fines”.

Agrega que las adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública se regirán por “principios y valores tales como: no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, tal como están definidos en la Ley de Ética Gubernamental”.

La norma aprobada pasada la medianoche de este lunes, genera preocupación en la oposición, que sostiene que mediante el mecanismo de compra directa se han beneficiado a empresarios cercanos al gobierno.

En 2019, la Corte de Cuentas de la República (CCR) señaló algunas irregularidades en las distintas auditorías relacionadas con esas compras directas, recordó el portal El Salvador.