La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, sin debate y por mayoría, la Ley Especial para la Construcción de Centro Penitenciarios, en el marco de la lucha del gobierno encabezado por Nayib Bukele contra las pandillas.

El gobierno planteó esta medida debido al “incremento de la población privada de libertad operativizada en el régimen de excepción” que se aplica en el país desde el 27 de marzo de este año. Esta medida rige por 30 días y se tomó para enfrentar problemas de seguridad. Con este régimen, Bukele dijo que se han capturado más de 13 mil personas. El presidente había planteado a principios de mes la necesidad de construir un nuevo penal de máxima seguridad con capacidad para 20 mil personas. El sistema penitenciario de El Salvador está sobrepoblado con más de 38 mil personas presas.

En el proyecto aprobado en la medianoche del martes, no figuran los fondos que se utilizarán para la construcción ni cuántos centros de reclusión se construirán.

“No serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), excepto y en lo pertinente a las garantías, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento a lo regulado en la presente ley en cuanto a la ejecución y liquidación de contratos”, señala el artículo 9 de la ley.

Asimismo, se plantea que los inmuebles que se encuentren dentro del lugar establecido para construir la prisión, deberán presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) para llegar a un acuerdo y, en caso de que no lo haya, el trámite se seguirá a través de Fiscalía.

“Los propietarios o poseedores de los inmuebles que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción del Establecimiento Penitenciario, tienen la obligación de presentarse ante el MOPT dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del segundo anuncio en el Diario Oficial o en periódico de mayor circulación, a manifestar por escrito si están dispuestos a la venta voluntaria de los inmuebles afectados, conforme las condiciones y por el precio que convengan con el MOPT, para lo que se procederá a la formalización de la escritura correspondiente”, se lee en el inciso dos del artículo 12.

Críticas opositoras

El texto fue aprobado por 64 votos en 81. Desde la oposición se cuestionó que no se apliquen a estas obras la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. “Cada vez que esta administración se salta la Lacap, varios allegados del oficialismo que se llenan los bolsillos con contratos públicos, con contratos de dudosa procedencia y hay videos donde los favorecidos lo están reconociendo”, dijo la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos (centro).

“No había escuchado antes al oficialismo discutir si se necesitaban más o menos cárceles. Esto parece que es algo que se les acaba de ocurrir”. ¿Es así cómo se planifica la seguridad del Estado?", agregó Ortiz.

Medidas

A mediados de marzo, los hechos de violencia aumentaron en el país y esto sirvió para que el mandatario pidiera al Parlamento que se aprobara el régimen de excepción por 30 días para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".

La norma aprobada establece que se verán afectados por un mes los siguientes derechos: a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.

Durante los primeros días de la aplicación de este régimen, Bukele le ordenó al viceministro de Justicia y Director General de Centro Penales, Osiris Luna Meza, que se decrete "nuevamente" el encierro total de las cárceles. "Nadie sale ni al patio", escribió en su cuenta de Twitter. En la misma línea, el viceministro contestó: "inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol".