El inicio del periodo constitucional 2018-2022 auguraba la paralización de la labor legislativa debido a una reforma fiscal inconclusa, a un oficialismo nominalmente reducido y a un alto número de fracciones de oposición. En el camino también se sumaron otras condiciones políticas adversas como las divisiones a lo interno de las fracciones, la preponderancia de voluntades individuales por sobre voluntades partidarias y la persistente inestabilidad en el Ministerio de la Presidencia que afectó por cuatro años la definición de una agenda clara por parte del poder ejecutivo. Asimismo, la llegada de la pandemia de la COVID-19 y la precampaña electoral alteraron el normal quehacer legislativo.
Sortear los escenarios. Pese a las predicciones más desalentadoras, en este periodo constitucional se alcanzaron indicadores de aprobación de legislación superior al promedio de los últimos 30 años y se continuó con la tendencia de aprobar leyes sustantivas en mayor proporción que cualquier otro tipo de legislación. En ese sentido, se concretaron reformas amplias que llevaban décadas esperando, entra las que destacan la reforma integral al Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la aprobación de un paquete de leyes que hicieron posible la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos logros fueron posible gracias a una enorme disposición al diálogo y a la negociación multipartidista.
Resultados de la gestión. En el último año de este periodo constitucional, tuve el privilegio de presidir la Asamblea Legislativa. Desde el primer día de mi gestión, promoví el diálogo multipartidista a través de reuniones de jefaturas de fracción y con un seguimiento minucioso a los acuerdos alcanzados. Entre el 1 de mayo 2021 y el 31 de marzo de 2022 se realizaron 37 sesiones de jefaturas de fracción y desde la Presidencia Legislativa siempre hubo una política de puertas abiertas para mantener relaciones fructíferas con todas las fuerzas políticas. También, desde el primer día como presidenta legislativa, propuse una ruta clara de prioridades centrada en tres agendas fundamentales: la sostenibilidad fiscal, la recuperación socioeconómica para un escenario post-pandemia y la Costa Rica del futuro.
En lo que respecta la sostenibilidad fiscal, durante la última legislatura se aprobaron proyectos de reforma al Estado que llevaban varios años de discusión y requirieron de un apoyo decidido para su conclusión. Entre esos proyectos destaca la Ley de Empleo Público, que permitirá controlar el crecimiento del gasto por remuneraciones y ordenar la gestión de los servidores públicos en adelante, así como la aprobación del financiamiento con el FMI, que encaminó el país hacia una ruta de estabilización de las finanzas públicas y trajo confianza a inversionistas para estabilizar las perspectivas de riesgo país. Asimismo, se concretó la reforma a la Ley de Contratación Pública, una reforma integral que dota al Estado de herramientas para la adquisición de bienes y servicios necesarios que garanticen una gestión pública más eficiente, fomentando un mejor resguardo de los fondos públicos.
Sobre la agenda de recuperación socioeconómica para un escenario post-pandemia, aprobamos la ley que reformó la legislación en materia de simplificación de trámites para mejorar la relación del ciudadano con el Estado; la ley de creación de un fondo de avales para rescatar a empresas de la crisis generada por la pandemia y evitar la pérdida de más empleos; y una nueva legislación en materia de atracción de inversionistas, personas pensionadas y nómadas digitales para convertir a Costa Rica en un destino de inversión extranjera a escala individual. Asimismo, aprobamos la Ley de Generación Distribuida para permitir y normar la producción de energía de forma privada para hogares o empresas y, más recientemente, aprobamos la ley del cáñamo industrial y cannabis medicinal para incentivar la innovación y la competitividad en este mercado.
En lo que se refiere a la tercera agenda, la de la Costa Rica del futuro, aprobamos el protocolo que finalmente concretó la adhesión de Costa Rica a la OCDE, un proceso reformista que se continuó a lo largo de tres administraciones y que, en este período constitucional, conllevó la aprobación de 14 leyes. Igualmente, se avanzó con legislación que sienta importantes bases para el futuro desarrollo país, como el expediente para promocionar e implementar el uso del hidrógeno verde, un campo en el cual Costa Rica tiene la posibilidad de ser líder. Por otra parte, fundamentado en el exitoso aporte del régimen de zonas francas al desarrollo país, se acordó legislación para instaurar una mejor planificación territorial y llevar mejores oportunidades de empleo a las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
En términos agregados, el periodo constitucional 2018-2022 concluye labores aprobando 117 leyes en el 2018-2019, 159 en el 2019-2020, 135 en el 2020-2021 y 220 en el 2021-2022 (con corte al 31 de marzo). Sólo en los primeros tres meses de sesiones ordinarias de esta última legislatura se aprobaron 77 leyes. Este fue un período legislativo que el sector productivo nacional reconoció positivamente por su enfoque prioritario en reactivar la economía, generar empleo y combatir la pobreza. También se superó el promedio de 23 leyes aprobadas en el primer periodo de sesiones ordinarias de las legislaturas de los últimos 19 años. Del total de leyes aprobadas en la última legislatura, incluyendo hasta el 31 de marzo de 2022, sólo el 29% fueron propuestas del Poder Ejecutivo o de la fracción oficialista, lo que evidencia que la iniciativa legislativa de las diputadas y diputados de oposición ha sido fundamental para aprobar una agenda robusta de cara a los retos que enfrenta el país.
Pero la legislación no es la única labor en la que el Congreso logró destacados resultados. Hicimos también ingentes esfuerzos para que el plenario conociera, discutiera y votara informes de comisiones especiales de investigación, de manera que las herramientas de control político tuvieran mayor peso en el proceso legislativo. Al finalizar esta legislatura, se habrán votado y tramitado seis informes de comisiones investigadoras. Adicionalmente, se abrió espacio para la discusión de informes de legislaturas pasadas. Igualmente, priorizamos nombramientos pendientes para garantizar el continuo funcionamiento de los órganos e instituciones del Estado.
Hacia fuera, robustecimos el acercamiento del Primer Poder de la República con la prensa y la población mediante un espacio semanal permanente para la atención de periodistas y medios de comunicación, así como la rendición de cuentas con la ciudadanía por medio de un podcast para profundizar en iniciativas de ley y un espacio de resumen semanal de aspectos relevantes del quehacer legislativo. Como presidenta legislativa, participé también en eventos internacionales con el fin de reposicionar al país en el escenario global desde lo legislativo, tales como el Summit for Democracy, organizado por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, y la audiencia para jerarcas de congresos en la ONU, a través de la Unión Interparlamentaria. Asimismo, mantuvimos un contacto permanente con representaciones extranjeras en el país para reforzar los puentes diplomáticos.
Otra iniciativa muy cercana a mis convicciones que impulsé desde la Presidencia Legislativa fue la aprobación de una serie de leyes en el marco de una Agenda Mujer para garantizar los derechos de las mujeres y generar más oportunidades para una mayor paridad de género. Dentro de esta agenda, impulsamos además los benemeritazgos de 15 grandes mujeres costarricenses con el fin de empezar a saldar una deuda histórica en ese ámbito legislativo.
Capacidad de construir. Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso del Plenario Legislativo de ser un espacio efectivo para brindar resultados tangibles a los costarricenses. Con claridad y diálogo, tanto desde las bancadas como en la dirección política del Congreso, en retrospectiva puedo afirmar que cumplimos en aprobar reformas ambiciosas para el corto, mediano y largo plazo, contra todas las condiciones adversas. Nos sumamos a contribuir a la gobernabilidad del país desde la Asamblea Legislativa, asumiendo responsablemente el ejercicio del cargo por sobre diferencias partidarias. Escoger el camino de la construcción de soluciones para la ciudadanía estará ahora en las manos de los próximos congresistas. Desde la experiencia, les puedo decir que escoger ese camino siempre será posible donde existan voluntades políticas individuales y colectivas dispuestas a enrumbar a Costa Rica.
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