La Sala Constitucional fue creada en el año 1989 y, para ese momento, la Asamblea Legislativa decidió conformarla con siete magistrados titulares. Cuatro años después, en 1993, fue nombrada la primera mujer magistrada de la Sala Constitucional, la abogada Ana Virginia Calzada Miranda. Veinte años tuvieron que transcurrir para que la Asamblea Legislativa decidiera nombrar una segunda mujer en dicho Tribunal Constitucional: la jurista Nancy Hernández López, quien fue electa hasta el año 2013. Luego, no fue sino hasta el año 2020 en el que fue nombrada en dicho tribunal la actual magistrada Ana Mari Garro Vargas. Esto quiere decir que, a lo largo de los más de treinta años de historia en la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa ha nombrado a dieciséis hombres como magistrados titulares, mientras que solo tres mujeres han sido nombradas en ese puesto en el máximo tribunal constitucional.

La Corte Plena está compuesta por 22 personas. Actualmente hay 20 personas titulares nombradas, de las cuales 13 son hombres y únicamente 7 son mujeres. O sea, un 65% de hombres y 35% mujeres.

Es necesario hacer este recuento, para evidenciar que poco se ha avanzado en cuanto a la paridad que debe existir en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. Resulta irónico, además, que dentro del máximo órgano encargado de velar por los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra la igualdad de género, su misma integración sea fiel reflejo de que este derecho no se ha respetado en más de tres décadas de su propia historia, y que, por el contrario, dicha conformación revela que se ha desarrollado dentro de un esquema patriarcal y androcéntrico que ya para este siglo XXI debería haber sido superado.

En este mes de marzo (casualmente, en el mes que se conmemora la lucha de las mujeres por el respeto de sus derechos) fueron recomendadas seis personas para la Magistratura de la Sala Constitucional. La abogada Ingrid Hess Herrera ocupa el primer puesto, y es a ella a quien la Comisión de Nombramientos le otorgó una nota de 100% en su entrevista y quien cuenta con la mejor calificación en todo el proceso. La postulante tiene más de veinte años de experiencia dentro de la jurisdicción constitucional, pues ha sido letrada de dicho tribunal y, además, cuenta con estudios de posgrado en Justicia Constitucional y Derecho Público Comparado. Es una persona estudiosa, honesta, responsable, que cuenta con todos los atestados necesarios y, además, con una trayectoria impecable tanto a nivel profesional, como docente.

La Asamblea Legislativa, y sobretodo las señoras diputadas, tienen una enorme deuda con las mujeres que intentan aspirar a puestos máximos en la magistratura y, más aún, en la jurisdicción constitucional, pues es innegable que la integración de este tribunal es un claro ejemplo de cómo se ha perpetuado la cultura machista al evidenciar que se trata de puestos reservados históricamente para hombres. Esta es la oportunidad para saldar esta deuda e impedir que se continúen invisibilizando los esfuerzos y méritos de mujeres valiosas que han intentado ocupar puestos en la magistratura. Recordemos que el año pasado, Patricia Vargas González, la aspirante mejor calificada, una jueza penal de amplia experiencia en la judicatura y la academia se vio obligada a renunciar, por dignidad, en el último concurso en el que participó para la magistratura de la Sala Tercera, ante el reconocimiento de que la Asamblea Legislativa le dio mayor peso a su relación laboral pasada con un exmagistrado, que a décadas al servicio de la justicia y la academia.

El 21 de julio del año pasado, la Asamblea Legislativa declaró beneméritas de la patria a catorce extraordinarias mujeres costarricenses que merecían ese reconocimiento por su aporte en la historia nacional. Sin embargo, estos homenajes pierden significado si no están seguidos por actos que impliquen un compromiso con la equidad de género. El país requiere que ese esfuerzo se cumpla día a día, ya que solo así podremos respetar y dar sentido a la lucha que dieron mujeres valientes para lograr el derecho al sufragio, la paridad horizontal y la igualdad real. Sin esos logros, muchos espacios estarían más cerrados de lo que están actualmente, o bien, resultarían del todo, inalcanzables.

Es necesario que en el nombramiento de los más altos cargos de la judicatura haya excelencia, equidad y transparencia, pues el país está urgido de una justicia que esté a la altura de sus necesidades y esa, en gran parte, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Es hora de visibilizar y dar un trato justo a las mujeres capaces y valientes que intentan abrirse camino en una sociedad profundamente desigual.

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