El déficit fiscal es un problema económico significativo para las economías pequeñas y en desarrollo, como la costarricense. Esta situación se arrastra desde los últimos años, y se agravó con el impacto del COVID-19; el cual, generó una crisis sanitaria, económica y social. Lo cual obligó al país aumentar sus gastos ordinarios, mientras sus ingresos se redujeron por el crecimiento desacelerado de las actividades económicas.

Para el período 2017 al 2020 los ingresos totales del gobierno central han aumentado en un 0,6%, mientras que los gastos totales crecieron en un 13.6%, según datos del Ministerio de Hacienda. El año 2020 fue atípico por las condiciones económicas del mercado nacional e internacional, esto implicó que los ingresos y gastos totales decrecieran en 10,9% y 2,5%, respectivamente, comparado con el año anterior. Los rubros más representativos en ese período en términos de gastos correspondieron a las transferencias (medidas adoptadas para mitigar el efecto del COVID-19 en los estratos de menores ingresos), remuneraciones y como tercer rubro el pago de intereses (deuda interna y externa).

Esta tendencia de los últimos años implica que los gastos crecen con una mayor aceleración con respecto a los ingresos. No obstante, las cifras preliminares del 2021 reflejan un resultado muy positivo en el que el déficit primario fue de 0,3%, según datos del Ministerio de Hacienda. Este sería el escenario ideal, alcanzar una sostenibilidad de la deuda, para lograrlo es imprescindible realizar ajustes fiscales en ambas vías (ingresos y gastos). Sin embargo, se está apostando a la implementación de diferentes proyectos de ley (empleo público, de renta global dual y demás) enfocados únicamente en la contención del gasto del sector público.

Pero realmente el problema fiscal es solo un tema del gasto del sector público, si bien es cierto que no es perfecto, y se debe reestructurar en algunas áreas. Al desagregar los ingresos, el mayor peso corresponde a los ingresos tributarios. En los últimos cinco años apenas tienen un crecimiento del 12.4%, presentando el mayor incremento en el año 2019 (cuando se aplicó la ley 9635), el aumento de la carga impositiva tubo incidencia directa en los mismos sectores económicos de siempre: los trabajadores y la clase media. Mientras que las grandes corporaciones se acogen a amnistía tributaria, o simplemente evaden el pago de los impuestos. Por lo cual, el termino de zocarse la faja en época de crisis aplica solo para los trabajadores, la clase media, las pequeñas y medianas empresas, y las instituciones públicas, estas últimas sacrificando los programas sociales que brindan atención a las diferentes poblaciones en vulnerabilidad.

El tema del déficit fiscal no es cuestión solo de un aumento del gasto público, el problema es que los ingresos no son lo suficientes para mantener la corrupción, los privilegios de unos cuantos y cumplir las obligaciones ordinarias del Estado. Se debe de plantear un reajuste estructural a los sistemas de recaudación tributaria para captar mayores ingresos de los impuestos; asimismo, valorar si realmente la cantidad de impuestos que existen actualmente hacen eficiente la recaudación.

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