La Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fanna) presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende crear 20 nuevos tipos penales para sancionar hechos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el proyecto fue entregado el pasado 24 de febrero durante una conferencia en el Congreso, y estuvo a cargo de la fiscala adjunta Rocío de la O Díaz, junto con la coordinadora judicial, Daysi Arias Alvarado.

Dado que el Poder Judicial carece de la potestad de presentar iniciativas de ley, el proyecto debe ser adoptado por algún congresista y ser presentado a la corriente legislativa; o bien, enviarlo al Poder Ejecutivo y que este sea quien lo presente al Congreso con las firmas del presidente de la República y del jerarca del ministerio del ramo.

Además de la creación de 20 nuevos tipos penales, el proyecto realiza reformas legales a normas vigentes que se detectó podrían generar contradicciones o interpretaciones opuestas.

Entre los delitos formulados se encuentran incumplimiento de la responsabilidad parental, lesiones por negligencia, denegación al derecho de educación, enfrentamiento físico entre personas menores de edad, agresión psicológica calificada y administración abusiva de los bienes propiedad de las personas menores de edad.

“Este proyecto de ley es de sumo interés para el Ministerio Público y para la Fiscalía Adjunta de la Niñez y la Adolescencia, por ser un aporte más que permitirá fortalecer la protección integral de los derechos de personas menores de edad víctimas de maltrato o abuso”, destacó la fiscala adjunta.

La necesidad de crear esta iniciativa, agregó la funcionaria, se hizo evidente luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial dispusiera divulgar las observaciones finales que se desprendieron de los informes periódicos sobre la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Costa Rica.

La finalidad de dicha Convención es prevenir y sancionar todas aquellas acciones u omisiones que violenten bienes jurídicos o derechos de la niñez y la adolescencia, basados en los principios rectores de interés superior de las personas menores de edad, autonomía progresiva, no discriminación, respeto a la vida, respeto a la opinión en todo procedimiento que le afecte, supervivencia y desarrollo.

La creación de estos tipos penales, explicó De la O, es necesaria “ante la evolución del fenómeno criminal en Costa Rica y en el mundo; con la propuesta se está visibilizando a las personas menores de edad como seres humanos con derechos, dándole, además, mayor auge al principio de acceso a la justicia, así como al derecho a ser escuchados ante actos u omisiones que violentan sus derechos fundamentales”. 

Lista de nuevos tipos penales propuestos

  • Incumplimiento de la responsabilidad parental
  • Agresión psicológica a personas menores de edad
  • Lesiones por negligencia
  • Dolor o sufrimiento físico a personas menores de edad
  • Denegación al derecho de educación
  • Agresión física, psicológica, personal en centros de cuido y enseñanza
  • Denegación al derecho de salud
  • Agresión Física, Psicológica, personal a persona menor de edad con discapacidad, en centros de cuido y enseñanza
  • Agresión psicológica calificada
  • Tratos crueles por su orientación sexual y /o identidad o expresión de género
  • Administración abusiva de los bienes propiedad de las personas menores de edad
  • Tratos crueles o inhumanos por su condición de discapacidad
  • Enfrentamiento físico entre personas menores de edad
  • Falta de protección de la niñez y adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios electrónicos
  • Facilitación de bienes inmuebles para enfrentamientos físicos
  • Tenencia de rótulos en protección a las personas menores de edad frente a medios informáticos
  • Exhortación para ejercer violencia sobre personas menores de edad
  • Omisión de denuncia
  • Suministro deliberado de productos o sustancias que afectan la salud
  • Incumplimiento de una medida de protección en favor de personas menores de edad