Un juez —de alguna forma hay que llamarlo— sentenció a Cristiana Chamorro, destacada figura de la oposición nicaragüense, a ocho años de prisión por supuestos lavado de dinero y falsedad ideológica, el 21 de marzo pasado.

Chamorro fue una de siete aspirantes a la presidencia detenidos junto a otros 39 opositores en 2021, imputándoseles a la mayoría delitos -llamémosles así- contra la seguridad nacional.

Cristiana no pudo participar en las elecciones presidenciales porque se lo impedía una acusación acicalada por la fiscalía del gobierno bifronte Ortega-Murillo.

El juicio de Cristiana Chamorro se celebró sin acceso a la prensa ni al público.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha recatado en señalar que la fiscalía y  el Poder Judicial en Nicaragua están minados por el nepotismo y la manipulación del partido oficial. “Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan”.

Los procesos penales, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben ser públicos, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa que  la exclusión de la prensa y el público deben ser excepcionales.

Público y prensa pueden ser excluidos por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria cuando la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.

Las autoridades nicaragüenses difícilmente podrían invocar la moral, la vida privada de las partes, o la seguridad nacional en una sociedad democrática para impunemente excluir a la prensa y al público del juicio contra Cristiana Chamorro. Para empezar, hablamos de seguridad nacional o de orden público en una sociedad democrática, y Nicaragua, carente de separación de poderes, no lo es. El juicio de Cristiana Chamorro es uno de los últimos actos de la ola de represión política que desde 2018 ahoga a los nicaragüenses, con la complicidad del poder judicial.

Llegado el caso, ¿dónde están las razones para excluir a la prensa y al público en el “juicio” que condenó a Cristiana?

Aplaudo el socialismo democrático de Lula (víctima, por cierto de persecución política desde la fiscalía de su país). Aplaudo la política de compromisos de Gabriel Boric, que tiende una mano a la oposición. No puedo compartir juicios secretos como el de Cristiana Chamorro, la utilización de figuras penales para encarcelar a jóvenes opositores en Cuba, o los  crímenes contra la humanidad del gobierno venezolano.

Los socialismos nicaragüense, venezolano o cubano desprecian la división de poderes y descuidan las cuidadosas cautelas que los derechos humanos han venido levantando para que el Leviatán no nos meta a todos a la cárcel. Los derechos humanos y la división de poderes son los buques insignia de las democracias liberales.

¿Conquistas liberales? Sí, y conquistas asumidas con fe por otras fuerzas sociales que aprecian el ímpetu universalista de la división de poderes y los derechos humanos. La Corte Penal Internacional compendia normas de fondo y normas de procedimiento que tienden a blindar a los individuos contra el poder penal. Y eso para juzgar delitos gravísimos de interés para la comunidad internacional en su conjunto.

Arde a las izquierdas de talante liberal que en Cuba las protestas políticas sean suprimidas como crímenes políticos:

“Más de 100 personas que participaron en las inusuales protestas antigubernamentales en Cuba el pasado mes de julio”, dijo en marzo pasado la BBC, “fueron sentenciadas este miércoles a penas de prisión de entre seis y 30 años”.

En Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, opositores encarcelados, civiles juzgados en tribunales militares, tortura a detenidos y represión de manifestantes. De “las 15.756 personas detenidas arbitrariamente desde 2014, 9.406 habían recibido libertad condicional a julio de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales, y 872 habían sido enjuiciadas en tribunales militares, según Foro Penal”, asegura Human Rights Watch.

La tendencia a universalizar las garantías de los derechos humanos contra el poder estatal la encontramos en la Corte Penal Internacional. Las confesiones arrancadas con amenazas, coerción o tortura son prohibidas. La detención preventiva solamente está autorizada para evitar la continuación de la actividad criminal del acusado, para asegurar su presencia en el juicio, o para que el acusado no obstruya o ponga en peligro la investigación o los procedimientos. El acusado tiene derecho a ser informado detalladamente de la naturaleza, causa y contenido de los hechos que se le imputan. Tiene derecho a comunicarse con su abogado, y a un juicio con acceso al público.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional está obligada a investigar tanto las circunstancias que comprometan a una persona como las que la exoneren. Es un órgano imparcial e independiente. Y llegado el caso, los jueces pueden ordenar a la fiscalía mostrar la información que comprometa la independencia de los fiscales, o la que tienda a mostrar la inocencia del acusado o a mitigar su culpa.

Esa fiscalía independiente, por cierto, ha investigado la situación venezolana y considera que probables crímenes contra la humanidad han sido cometidos.

En otros momentos me he ocupado de los desaparecidos en México, de la trata laboral y sexual y el trasiego de drogas con complicidad de gobiernos en el norte de Centroamérica. El autoritarismo está lejos de ser monopolio de algunas izquierdas y en nuestra América Latina ha cundido teñido de desesperación, miedo y religiosidad supersticiosa. Hablo de tres regímenes socialistas porque desde que Trotsky fuera asesinado por Stalin (él mismo, por cierto, había reprimido a sangre  y fuego a los anarquistas) hemos venido comprendiendo que los límites a la autoridad del estado deben ser un componente esencial del socialismo, muy en particular los derechos humanos y la separación de poderes.

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